Redacción
La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Burgos ha incoado diligencias previas por un presunto «delito de homicidio imprudente» tras la denuncia presentada por la Fiscalía de Burgos en relación con la muerte de dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos a los que se suministró una dosis errónea, tal y como han anunciado fuentes del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, informa Europa Press.
Los hechos se retrotraen al pasado mes de diciembre cuando una denuncia del Defensor del Paciente, colectivo personado en la causa, la recogió la Fiscalía de Burgos tras la muerte de dos enfermos oncológicos por una sobredosis de medicación. Este luctuoso acontecimiento terminó en la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos.
La justicia dirimirá si hubo un homicidio por imprudencia profesional en los fallecimientos y un delito de lesiones por mala praxis en el caso de los supervivientes
En ese mes de diciembre fallecían dos pacientes tras recibir una dosis de un medicamento destinado a su enfermedad seis veces superior a la pautada, mientras que otros tres pacientes arrastran secuelas gravísimas.
La justicia dirimirá si hubo un homicidio por imprudencia profesional en los fallecimientos y un delito de lesiones por mala praxis en el caso de los supervivientes. El juzgado contactará con los afectados y herederos para que se personen en el caso.
Además, se estudiarán las autopsias clínicas y evaluaciones detalladas para investigar a fondo el sistema y rastrear cómo se grabó y revisó la ficha del medicamento. Se apunta, por un lado, a la responsabilidad penal del personal sanitario y, por otro lado, a la Consejería de Sanidad, en calidad de responsable civil subsidiaria.
Se apunta a la responsabilidad penal del personal sanitario y a la Consejería de Sanidad, en calidad de responsable civil subsidiaria
Respaldo de la Junta a los sanitarios
Tras conocerse el inicio de las diligencias por parte del juzgado burgalés, el portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha expresado su «confianza y apoyo» a los profesionales del sistema público de salud. Carriedo ha señalado que, una vez reconocido el «error humano» por parte del centro, corresponde a la investigación judicial determinar si existen «responsabilidades adicionales» más allá de las patrimoniales que asumirá la Administración.
Carlos Fernández Carriedo: «Reconocimos que había habido un error de carácter humano y dejemos ahora a la investigación el establecer si de eso se deriva alguna responsabilidad adicional»
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, recogida por Europa Press, el portavoz ha subrayado que el respeto a los trámites judiciales es «plenamente compatible» con el respaldo a los trabajadores sanitarios en sus «gestiones ordinarias». «Reconocimos que había habido un error de carácter humano y dejemos ahora a la investigación el establecer si de eso se deriva alguna responsabilidad adicional«, ha aseverado el consejero.
En este sentido, ha reafirmado que la Junta abordará las responsabilidades patrimoniales para dar «completa seguridad» a los afectados, pero ha pedido dejar trabajar a la justicia en caso de que existan otras implicaciones legales. «Apoyamos al conjunto de los trabajadores que creemos que han actuado dentro de sus condiciones ejerciendo la mayor capacidad de la que somos capaces», ha sentenciado.
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