En un momento en el que el Perú necesita crecer, atraer inversión y cerrar brechas sociales urgentes, resulta preocupante que desde el propio Congreso de la Republica se impulsen iniciativas que avanzan en sentido contrario. La reciente iniciativa que busca modificar la Ley General de Minería –actualmente en la Comisión de Energía y Minas– no solo es técnicamente cuestionable: es, sobre todo, profundamente lesiva para el desarrollo del país. Pretender reducir plazos de concesión, incrementar penalidades y acelerar la “caducidad” de concesiones por demoras burocráticas, entre otros, no es una reforma, es una temeridad.
La minería formal ha sido, durante décadas, uno de los pilares más sólidos de la economía peruana. Genera cerca de la mitad de nuestras exportaciones, dinamiza regiones enteras y financia, a través de impuestos y canon, servicios esenciales como salud, educación e infraestructura. Debilitarla no es un acto neutral, es un acto deliberado que busca golpear directamente las oportunidades de millones de peruanos.
La pregunta de fondo debería ser otra: ¿quién se atreve a enfrentar con decisión la expansión sostenida de la minería ilegal? El problema central es que este tipo de iniciativas nacen de un diagnóstico totalmente equivocado. No es la minería formal la que contamina, evade o depreda; es la informalidad la que opera sin reglas, sin fiscalización, sin responsabilidad ambiental y sin pagar impuestos. Sin embargo, en lugar de fortalecer la institucionalidad y combatir aquello que sí genera daño, se insiste en poner más trabas, más incertidumbre y más riesgo a quienes cumplen cabalmente la ley. El resultado es predecible: menos inversión, menos empleo formal y más espacio para actividades ilegales. En un país donde desarrollar un proyecto minero puede tomar décadas, añadir nuevas restricciones o señales de inestabilidad solo profundizaría la parálisis. Se pone en riesgo una cartera de inversiones que supera los 60.000 millones de dólares, clave para el crecimiento económico, la generación de empleo y el cierre de brechas sociales.
A ello se suma un eterno debate, mal enfocado, sobre recursos clave como el agua. En nuestro país, la masa hídrica comprende más de 26.000 millones de metros cúbicos que, de acuerdo con datos del INEI, se distribuyen: 89% para la agricultura, 9% para consumo de poblaciones, 0,95% para la industria y apenas 1% para la minería. La gestión hídrica no puede convertirse, tampoco, en un argumento para frenar el desarrollo, sino en una herramienta para ordenarlo con criterios técnicos y sostenibles. La minería moderna cuenta con estándares y tecnologías que permiten un uso eficiente del agua; ignorarlo no solo distorsiona la discusión, sino que alimenta narrativas que terminan beneficiando, una vez más, a la informalidad. Finalmente, más preocupante aún resulta la aparente “sordera crónica” de quienes desestiman la oposición técnica y fundamentada de los organismos correspondientes del propio Estado con referencia a estas iniciativas de ley.
La disyuntiva es clara: o fortalecemos la minería formal como motor de desarrollo sostenible, o abrimos la puerta a un país con menos oportunidades y mayor desorden. Apostar por lo segundo no es prudencia; es un grave error histórico y una verdadera irresponsabilidad.
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