Un momento especialmente crítico para la economía es el final del mandato del Legislativo. En un contexto en el que la mayoría de partidos políticos perdieron su inscripción al no superar la valla electoral, los congresistas no enfrentan consecuencias por las medidas que aprueben, pero sí tienen incentivos para beneficiar a sus bases de cara a las elecciones locales y regionales de octubre, en las que aún participarán con inscripción vigente.
Hasta el fin de la legislatura, el Congreso saliente seguirá sesionando y aprobando leyes, mientras la atención del país está puesta en el proceso electoral en curso y en la transferencia al nuevo Gobierno. Hasta el 18 de abril, según el portal del Congreso, había 6.038 proyectos de ley en comisión, 1.980 con dictamen y 332 en la agenda del pleno. El 57% de los dictámenes pendientes estaban siendo impulsados por cinco agrupaciones políticas sin inscripción futura, a saber, Perú Libre (23,1%), Acción Popular (9,2%), Bloque Magisterial (8,7%), Podemos Perú (8,5%) y Alianza para el Progreso (7,3%).
En el plano económico, hay tres ámbitos donde el riesgo es particularmente crítico.
Según los informes desfavorables emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el portal del Congreso, existen 153 proyectos de ley con impacto fiscal negativo en distintas etapas de tramitación. Su costo fiscal potencial supera los S/ 280.000 millones, equivalentes al 22,4% del PBI. Entre las iniciativas más costosas destacan dos presentadas por Acción Popular: una que extinguiría multas e intereses de deudores de Reactiva Perú por S/ 87.000 millones, y otra de incentivo para el pronto pago que otorgaría descuentos de hasta el 100% de intereses moratorios por S/ 82.000 millones adicionales. Hay también reducciones de tasas del impuesto a la renta para empresas tecnológicas, exoneraciones para mineros artesanales y beneficios tributarios para pequeñas y medianas empresas de toda índole. El patrón es consistente: beneficios concentrados en sectores con alta densidad electoral y costos difusos que se trasladan al conjunto de los contribuyentes.
Las amnistías tributarias repetidas destruyen la cultura del cumplimiento. Si los contribuyentes aprenden que el Congreso perdonará periódicamente sus deudas, el incentivo para pagar deja de existir. El incumplimiento tributario ya alcanza el 9,3% del PBI según el MEF, y los tratamientos preferenciales perpetúan un comportamiento mercantilista que parece no tener límites. El Consejo Fiscal ha advertido sobre este riesgo en reiteradas ocasiones, sin que ni el Ejecutivo ni el Legislativo hayan tomado medidas efectivas de contención o enmienda.
El dictamen liderado por Juntos por el Perú (JPP) y aprobado en marzo por la Comisión de Energía y Minas propone reducir de 30 a 15 años el plazo de concesión de un proyecto minero, cuando el tiempo promedio real en el Perú supera los 40 años y los proyectos de cobre pueden requerir hasta 62. Asimismo, plantea incrementar los costos de mantenimiento de concesiones hasta en 300%, en un país donde ya se paga entre tres y cuatro veces más que en Chile, Colombia o Canadá. Y propone eliminar el carácter irrevocable de la concesión, que es precisamente la garantía que hace viable la inversión de largo plazo. Lo que hace aún más grave la situación es que dicho dictamen ignoró los informes negativos emitidos por las autoridades pertinentes y las advertencias de los especialistas consultados.
Si el pleno ratifica dicho dictamen, el daño operará en dos frentes simultáneos: desinversión en la minería formal y expansión de la ilegal. Reducir los plazos de concesión crea ventanas de desprotección que los operadores ilegales aprovechan de inmediato. Ya el año pasado, las exportaciones de oro ilegal alcanzaron un máximo histórico de USD 11.536 millones, casi igualando a las exportaciones legales (USD 11.708 millones). La minería formal no puede competir en ese entorno si el Estado no brinda la mínima seguridad jurídica que la hace viable.
Tres iniciativas en estado avanzado amenazan con hacer más rígido e informal el mercado del trabajo. La primera exigiría autorización judicial previa para despedir a un dirigente sindical, lo que, en la práctica, significa que un trabajador involucrado en una falta grave podría permanecer en su puesto los dos o tres años que transcurre el proceso (dictamen de JPP). La segunda, de autoría del Bloque Magisterial, introduce el incentivo perverso de vincular la capacidad de financiamiento de las remuneraciones de los trabajadores de la Superintendencia de Fiscalización Laboral con el nivel de recaudación por las sanciones que emita. La tercera, impulsada por Perú Libre, amplía licencias y beneficios con cargo a EsSalud, cuyo déficit actuarial ya está documentado, lo que incrementaría los costos de la formalidad en un mercado laboral con 70% de informalidad.
Ante esta situación, el Ejecutivo dispone de herramientas: observar las leyes, recurrir al Tribunal Constitucional y hacer público el perjuicio de cada iniciativa antes de su votación en el pleno. Hasta ahora no las ha usado con la firmeza que la situación exige, por la debilidad endémica que lo caracteriza.
El próximo Gobierno heredará reglas fiscales vulneradas, una calificación crediticia estresada y un pasivo legislativo sin precedentes. Ese es el legado que ya está sellado. Lo que queda por decidir es cuánto más se le agrega en los próximos 60 días, mientras ningún actor asume la responsabilidad de evitarlo.
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