El Perú está lejos de alcanzar los niveles de pobreza monetaria previos al COVID-19. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2019 la pobreza monetaria alcanzaba a 20,2% de la población; y en el 2025, a 25,7%. El Perú se encuentra entre los rezagados del continente. Mientras tanto, México y Brasil lideran por amplio margen la reducción de la pobreza en los últimos años (datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
La pobreza afecta al 35,5% de la población peruana que vive en el área rural y al 23,4% del área urbana (INEI). Es difícil, pues, sostener que las cosas van bien, y que todo se arreglará con la continuidad de las políticas actuales. Más difícil aún para las personas directamente afectadas. Sabiendo esto, ¿cabe sorprenderse de la distribución geográfica de los votos?
No obstante, la pobreza no ha sido tema central de debate y propuestas. La seguridad fue la vedette, como si se la pudiera derrotar sin reducir drásticamente la pobreza. ¿O ya no es válido preguntarse por qué, para tanto joven, la oferta laboral en negocios ilegales es tentadora?
Un grave efecto de la pobreza –y un desafío para la democracia–, como lo explica la filósofa española Adela Cortina, es que en la sociedad se instala una poderosa cultura de desprecio por los pobres. Esto es la aporofobia. Dice Cortina: “Es el pobre, el ‘áporos’, el que molesta, incluso el de la propia familia, porque se vive al pariente pobre como una vergüenza que no conviene airear”. Así, pues, “es la fobia hacia el pobre la que lleva a rechazar a las personas, a las razas y a aquellas etnias que habitualmente no tienen recursos y, por lo tanto, no pueden ofrecer nada, o parece que no pueden hacerlo” (“Aporofia, el rechazo al pobre”, Paidós, 2017).
En el Perú, muchas variables macroeconómicas se encuentran en azul, y el manejo del Banco Central de Reserva es prolijo; pero está visto que el mercado no lo resuelve todo, y que la crisis política y la nefasta alianza política que ha gobernado estos últimos años está teniendo un efecto muy pernicioso sobre la calidad de las políticas públicas para mejorar los servicios, fomentar el empleo y conectar más a las personas. Es decir, para vivir con dignidad. ¿O este ya es únicamente un problema individual, y no hay Estado ni solidaridad ni responsabilidad que valgan?
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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