Abrir un restaurante en el Perú siempre fue costoso. Sin embargo, desde el 2022 también es algo distinto: una actividad calificada, por un decreto supremo, como “de alto riesgo”. Como resultado de ese cambio, miles de empresas quedaron obligadas a practicar exámenes médicos de ingreso a cada nuevo trabajador, exámenes de retiro a quienes cesan y a contratar un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) por cada uno de ellos. Para un sector con alta rotación de personal, donde cerca del 70% de empresas tiene trabajadores que no superan el año, ese ciclo se convierte en una carga que se repite sin parar.
Ese es el trasfondo de una denuncia que 34 empresas del sector presentaron ante el Indecopi y que acaba de superar su primer obstáculo: la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas revocó la declaración de improcedencia emitida por la primera instancia administrativa y ordenó que se analice el fondo de la controversia. Lo que estas empresas cuestionan no es la existencia del SCTR ni la importancia de la seguridad laboral; son las razones –o la ausencia de ellas– para que ese régimen se amplíe de la manera en que se hizo.
En primer lugar, la denuncia cuestiona a nivel formal la disposición. El Decreto Supremo 008-2022-SA habría sido promulgado sin prepublicación; esto es, sin que los sectores afectados tuvieran la oportunidad de conocer el proyecto, comentarlo y recibir respuesta del Estado. A eso se suma que no habría pasado por las instancias de discusión que correspondían. Si bien cambiar las reglas del mercado ya es serio, hacerlo sin debate previo lo es aún más.
El cuestionamiento no se limita a lo estrictamente formal. Se debe considerar que el propio régimen del SCTR exige criterios objetivos para incluir actividades en el listado que determinan el nivel de riesgo: siniestralidad, innovación tecnológica en seguridad ocupacional, evolución del sistema. ¿Cuáles de esos criterios aparecen claramente ponderados en los antecedentes del decreto? Según lo que obra en el expediente, la respuesta no es tranquilizadora. Tampoco lo es el diagnóstico: la propuesta se sustentó en la identificación de accidentes en “restaurantes”, pero sin distinguir las subcategorías del sector ni precisar en qué tipo de locales ni con qué intensidad real tuvieron lugar estos. Se trató como homogéneo a un universo que no lo es.
Finalmente, en cuanto al análisis de proporcionalidad de la medida, ¿se demostró que la solución era incorporar a toda la actividad al régimen del SCTR? Un seguro cubre el accidente una vez ocurrido, pero no lo previene. Había opciones más focalizadas y efectivas como promover mejores estándares, exigencias específicas por función, una fiscalización más intensa. Nada de eso parece haber sido ponderado. En los antecedentes del decreto apenas consta que la medida no generaba costo para el Estado. El problema es que ese costo lo asumen las empresas, y en mayor medida las micro y pequeñas, que son la mayoría del sector.
Y allí aparece la dimensión más inquietante. Si el decreto nació –presuntamente– sin el procedimiento debido y sin análisis técnico suficiente, la duda no debería recaer solo sobre los restaurantes. El cuestionamiento debería ser extensivo a toda la lista aprobada por esa norma –la cual sumó 70 actividades nuevas, entre ellas telecomunicaciones, mensajería, limpieza de instalaciones industriales y transporte de carga– y preguntarse si cada una corrió la misma suerte: entrar en bloque sin que se haya realizado una adecuada medición de los niveles reales de siniestralidad.
La sala del Indecopi ordenó que se analice el fondo. Es lo mínimo que corresponde. La pregunta más incómoda vendrá después: si la forma en que se amplió esta lista fue defectuosa, ¿cuántos sectores llevan tres años pagando una carga que nunca debió imponerse así?
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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