Hace un año publiqué “No olvidar: el Caso Castillo”. Hoy ese texto vuelve a cobrar pertinencia porque el Perú suele pasar la página con demasiada prisa. Cuando una sociedad olvida sin aprender, la factura la pagan sus instituciones, la inversión y, finalmente, la democracia.
Esa memoria crítica es indispensable. Roberto Sánchez no debe ser visto como una novedad inofensiva: fue ministro de Pedro Castillo, defiende una nueva Carta Magna, ha prometido liberar al expresidente y representa una continuidad política que solo puede evaluarse a la luz del intento de golpe del 2022. Su cercanía con Antauro Humala tampoco es un dato menor. Revela que el riesgo no está solo en el programa, sino en las alianzas que lo sostienen. No se trata de nombres propios, sino de una oferta política que vuelve a poner sobre la mesa el cambio constitucional, la revisión de las reglas económicas y el debilitamiento de las garantías institucionales.
Ese riesgo no es teórico: ya fue ensayado. Castillo fue elegido democráticamente, pero terminó intentando disolver el Congreso, instaurar un gobierno de excepción y gobernar por decretos leyes. Antes del intento de golpe, el deterioro ya estaba en marcha: designó ministros sin preparación, hizo desfilar a casi ochenta miembros del Gabinete en apenas 16 meses y convirtió la gestión pública en una ruleta de favores, improvisación y obediencias.
En economía, generó desconfianza. La hostilidad hacia la inversión minera, las amenazas de nacionalizar Camisea y la defensa de Petro-Perú como supuesta tabla de salvación estatal revelaron una visión estatista, improvisada y costosa. Cuando el Estado se vuelve botín político y remedio universal, la factura siempre la paga el ciudadano.
El frente laboral fue igualmente revelador. Se impulsaron rigideces, como las restricciones a la tercerización, sin medir sus efectos sobre la formalidad, competitividad ni la supervivencia de las pequeñas empresas. Castillo dejó, además, una lección política más amplia: las instituciones pueden debilitarse incluso sin mayoría parlamentaria ni Asamblea Constituyente.
El Consejo Fiscal ha advertido sobre el deterioro progresivo de las finanzas públicas. No se trata de equiparar responsabilidades. Castillo encarnó una deriva política e institucional de signo autoritario; los gobiernos posteriores no corrigieron esa fragilidad y dejaron las finanzas públicas expuestas a leyes, exoneraciones y concesiones de alto costo.
Al sector privado, entonces más cohesionado que hoy, le tomó años contener parte del daño. La experiencia debió bastar. Sin embargo, hoy se advierten fricciones entre gremios y sectores empresariales que deberían concentrarse en una tarea más urgente: defender un marco común de democracia, inversión, estabilidad y libre competencia. Mientras tanto, la izquierda radical observa cómo la derecha vuelve a devorarse a sí misma. La prioridad no puede ser la disputa menor ni la defensa de feudos: urge construir una agenda común.
De ahí que el riesgo Sánchez no deba leerse como una candidatura más. Si su proyecto insiste en una nueva Constitución, en revisar reglas económicas esenciales, en renegociar contratos y en debilitar garantías, la pregunta resulta inevitable: ¿qué impediría que se repita lo que Castillo intentó?
La cuestión de fondo no es solo qué hará Sánchez, sino qué estamos haciendo quienes vimos todo esto. No basta indignarse entre convencidos. Hay que explicar que defender la democracia y la economía de mercado no equivale a defender privilegios: significa proteger empleo, ahorro, propiedad, competencia y libertad. También supone defender al usuario que depende de servicios públicos, al trabajador formal que necesita estabilidad, al informal que busca oportunidades, al emprendedor que arriesga capital y al contribuyente que paga la improvisación. Esa defensa exige coordinación, pedagogía cívica, acción política y respuesta organizada frente a la desinformación.
Esta vez no basta cambiar la residencia fiscal, comprar propiedades fuera del país, buscar ciudadanías heredadas o procurar salidas individuales mientras se respaldan candidaturas antisistema o se guarda silencio. Olvidar el Caso Castillo es abrirle la puerta a su regreso bajo otras formas. Si Sánchez encarna esa amenaza, esta vez nadie podrá decir que no fue advertido.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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