La presidenta Keiko Fujimori quiere hacer tortillas. Las propuestas que se han filtrado en la primera versión del proyecto de ley del pedido de facultades legislativas, que buscan implementar cambios en seguridad, reactivación económica, reforma del Estado, entre otros, demuestran que este gobierno está dispuesto a realizar cambios profundos que tendrán impacto directo en la ciudadanía, las empresas e, incluso, la burocracia peruana.
Y para romper huevos hay que estar dispuesto a que algunos se ensucien las manos. En el documento aparecen medidas que llevan años estancadas en el debate público, esas que todo gremio empresarial pide en CADE y que todo gobierno promete y nunca toca: un Impuesto a la Renta empresarial único con tasas progresivas, la derogación del tope a las tasas de interés, una Sunafil que fiscalice pero que también ayude a formalizar, y hasta cuentas de ahorro para chicos de 12 años. No es poca cosa. Es, en el papel, el intento más ambicioso de destrabar la economía peruana en más de una década.
Pero ya en la primera semana quedó claro cuánto puede durar esa ambición frente a la primera crítica. Una de las medidas más sensatas del paquete era reducir los feriados no laborables, que en el último Congreso crecieron de manera desmedida y que hoy son uno de los factores que más golpean la productividad. Bastó que empezaran las quejas para que la presidenta retrocediera y anunciara que, finalmente, no se tocará el número de feriados: ni se reducirán ni se ampliarán más. Es un mal augurio. Si el gobierno cede en la medida más fácil de explicar y de menor costo político, cuesta creer que sostendrá el pulso cuando toque discutir el impuesto a la renta empresarial o la flexibilización laboral, donde los intereses en juego –y la resistencia gremial y sindical– son mucho mayores.
Y el terreno tampoco ayuda. Fuerza Popular tiene la bancada más grande de la nueva Cámara de Diputados, con 41 de 130 escaños, pero eso está lejos de una mayoría. Para que estas facultades –y, después, los decretos que salgan de ellas– no se queden en el camino, Fujimori va a necesitar sentarse a negociar con Juntos por el Perú, Renovación Popular, el Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación. Y negociar, en el Congreso peruano, casi siempre significa limar filo a las reformas más incómodas.
Hay otro detalle que no debería pasar de largo: estos decretos legislativos estarán exentos de consulta pública y de análisis de impacto regulatorio previo. Eso los hace más rápidos, sí, pero también los deja sin el filtro de debate que temas tan delicados como el régimen laboral o el tributario suelen necesitar para no terminar judicializados o revertidos con el siguiente cambio de gobierno. Especialistas ya lo han advertido: pedir facultades tan amplias, sin ponerse límites, puede terminar en un paquete de normas que nadie discutió realmente, y el episodio de los feriados sugiere que tampoco hay demasiada firmeza para defenderlas después.
El diagnóstico del gobierno es correcto: el país lleva años desperdiciando una coyuntura externa favorable por no animarse a tocar el statu quo. Pero un diagnóstico acertado no garantiza una ejecución consistente. Si la primera reacción de la presidenta ante la primera resistencia es retroceder, la pregunta ya no es solo si el Congreso le recortará las facultades, sino si el propio Ejecutivo tendrá el temple para sostenerlas. Por ahora, la tortilla suena mejor de lo que se está cocinando.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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