El gobierno del presidente Donald Trump hizo muy bien en denunciar con dureza el más reciente zarpazo a la democracia en Nicaragua. Sin embargo, su mensaje sería mucho más creíble si mostrara la misma indignación ante la falta de elecciones libres en Venezuela, El Salvador o Rusia.
En Nicaragua, Washington reaccionó de inmediato cuando el dictador Daniel Ortega dijo en un discurso el 19 de julio que “aquí no volverá a haber elecciones”. Ortega, que lleva casi dos décadas seguidas en el poder, debía celebrar elecciones presidenciales en el 2027.
Dos días después, el secretario de Estado, Marco Rubio, escribió en sus redes sociales que “el gobierno de Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados” mientras la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega “intensifica la represión interna” y genera inestabilidad en la región.
Pero, al momento de escribir estas líneas, Washington no ha propuesto una escalada de medidas internacionales para defender la democracia en Nicaragua. Tampoco ha suspendido al país del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y la República Dominicana.
Nicaragua tampoco ha sido expulsada del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) tras la suspensión de las elecciones anunciada por Ortega.
¿Por qué no hay una mayor presión regional para rescatar la democracia nicaragüense? En parte porque, desde la brutal represión a las protestas del 2018 —que dejó al menos 325 muertos y más de 2.000 heridos—, el drama de Nicaragua quedó tapado por las crisis de Venezuela.
Pero la apatía regional también se explica por el doble discurso de Washington.
Los elogios de Trump a los gobernantes de Venezuela, El Salvador, Rusia, Turquía, Egipto y Arabia Saudita, entre otros, le quitan bastante peso a sus críticas contra Nicaragua.
En Venezuela, ya pasaron seis meses desde la captura del exdictador Nicolás Maduro, y Trump —quien se jacta de “controlar” el país— todavía no ha fijado una fecha para unas elecciones libres. Aún más, ha calificado a la dictadora interina Delcy Rodríguez como una “persona fantástica” que está haciendo “un trabajo excelente”.
En El Salvador, Nayib Bukele, que controla todos los poderes, acaba de anunciar que va por un tercer mandato de seis años tras reformar la Constitución para permitir reelecciones indefinidas.
Aunque Bukele es popular por haber reducido la violencia de las pandillas, ha suspendido derechos constitucionales y cometido todo tipo de abusos, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y ataques contra periodistas, según grupos de derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el cambio de la Constitución para permitir la reelección indefinida “marca un serio retroceso para la democracia y el estado de derecho en el país”.
Sin embargo, Trump ha elogiado repetidamente a Bukele. El Departamento de Estado dijo el año pasado que “rechazamos la comparación” de El Salvador con regímenes dictatoriales, porque supuestamente el cambio de la constitución salvadoreña fue realizado por un congreso “democráticamente electo” y “está en manos de ellos decidir cómo debe ser gobernado el país”.
Que sepamos, Trump no enviará funcionarios a fiscalizar las elecciones de El Salvador del 2027. En cambio, según reveló The Washington Post, sí planeaba enviar a dos funcionarios a investigar un posible fraude electoral del gobierno de izquierda de Brasil. La cancillería brasileña informó que le negó visas a ambos funcionarios.
Pero el dato que le resta más credibilidad a las denuncias de Estados Unidos sobre Nicaragua es la falta de respeto del propio Trump a los resultados electorales en su propio país.
Trump hasta el día de hoy no reconoce que perdió las elecciones del 2020, a pesar de que el Colegio Electoral, el Congreso, y más de 60 tribunales concluyeron que sus denuncias de fraude no tenían sustento.
Trump incluso llamó “patriotas” a los manifestantes violentos que tomaron el Capitolio el 6 de enero del 2021, indultó a muchos, y está impulsando un proyecto de ley que según la oposición permitiría que reciban una compensación monetaria.
Nada de esto le quita mérito a que el gobierno de Trump denuncie a Nicaragua. Eso está muy bien. Pero el mensaje de Washington a favor de la democracia tendría muchísimo más peso, y más apoyo internacional, si aplicara la misma vara para todos los países que no respetan las leyes.
–Glosado y editado–
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