Patricia Durán Carrasco
Las barreras administrativas, culturales, ideológicas y lingüísticas son las que se encuentran las personas migrantes a la hora de acceder al sistema sanitario en España. Su primera puerta de acceso a la sanidad es la farmacia comunitaria, un espacio sin listas de espera ni exclusión social. El bienestar físico y mental de este colectivo y el derecho a una atención sanitaria y sociosanitaria es una cuestión de justicia social y un elemento clave para la sostenibilidad de los servicios esenciales que sostienen a toda la sociedad. Además, su salud individual impacta directamente en la colectiva, en la capacidad del sistema sanitario para funcionar y en la calidad de los cuidados que recibe.
“La farmacia es más accesible para las personas inmigrantes, ya que somos el primer lugar donde pueden acudir sin cita previa o sin hora. Además, muchas veces, abrimos 24 horas los siete días de la semana; y el 70% de las farmacias se ubican en las zonas rurales, donde muchas veces no hay médicos”, explica Rita de la Plaza, tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España (CGCOF), durante la jornada de presentación este miércoles del informe ‘La atención sanitaria y sociosanitaria a las personas migrantes en España: acceso, coordinación y equidad’. Este documento está impulsado por el Consejo General de Farmacéuticos y ha sido elaborado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) con la colaboración del Asesor Social de la Profesión Farmacéutica, y presentado en el marco del III Foro del Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica.
Las personas migrantes encuentran barreras lingüísticas, administrativas, culturales e ideológicas para acceder al sistema sanitario
Dirigido a toda la sociedad, este informe analiza la coordinación de los actores involucrados, las barreras estructurales persistentes, la dimensión cultural y aborda las transformaciones necesarias para construir un modelo más inclusivo, eficaz y sostenible. En este sentido, Laura Agúndez, Policy Officer del ISGlobal, manifiesta que “la migración es una realidad que forma parte de nuestra sociedad y que es un interés compartido. La atención sanitaria y humanista en nuestro país debería tenerla en cuenta en su planificación y en su desarrollo, además de adaptarse a sus realidades como también se hace con las personas autóctonas que viven en España”.
Y añade que “esto se hace desde la parte legislativa, la parte cultural y la parte lingüística”. Además, señala que, actualmente, se están llevando a cabo muchas iniciativas en distintos sitios del país, reflejadas en el informe, de las cuales “se pueden aprender de ellas y ver cómo se pueden adaptar a otros sitios”.
Durante el evento, se ha recordado que los migrantes no son un grupo homogéneo de personas, sino que existen diferentes necesidades en función de su situación regular o irregular, que marcará la dificultad de acceso a la atención sanitaria. Además de esto, las barreras lingüísticas y culturales impiden a este colectivo conocer sus derechos y las formas de acceder al sistema sanitario o a redes de apoyo, mientras que el miedo a ser deportado si acuden al médico paraliza su tratamiento.
La adaptación del sistema sanitario debe hacerse desde la parte legislativa, la parte cultural y la parte lingüística
En muchas ocasiones, los hospitales han sido su primera toma de contacto con la sanidad. Sin embargo, el farmacéutico es la persona encargada de traducir a un lenguaje sencillo y claro los informes médicos, con el fin de aportar un espacio seguro y que estas personas vuelvan a la farmacia para mantenerse dentro del sistema sanitario. Esta situación también provoca que este colectivo no continúe su tratamiento, cuando se requiere receta médica para la dispensación de un medicamento. En el caso de las personas con enfermedades crónicas, el problema es mayor, ya que se agrava su estado de salud al no disponer de una vigilancia médica.
Diferencias entre comunidades autónomas
Estas barreras también se ven reflejadas en las farmacias, entre las que existen muchas diferencias entre comunidades autónomas, como refleja el informe. “Muchas de estas diferencias podrían unificarse para eliminar barreras. Para ello, primero, hay que ofrecer una formación a los farmacéuticos, campañas, y que las farmacias sean puntos de referencia como espacios sanitarios de confianza, igual que en la violencia de género o en la soledad”, matiza De la Plaza.
Por ello, este informe “tiene un enfoque transversal a todos los sectores, para analizar esta sociedad en la que vivimos y poder así mejorar el acceso al sistema sanitario de este colectivo” detalla Agúndez. Además, el documento propone diez recomendaciones que abarcan desde la armonización de la normativa hasta potenciar la farmacia comunitaria como agente sanitario y sociosanitario, pasando por la financiación y el fortalecimiento de la formación y competencias interculturales.
Por su parte, Jesús Aguilar, presidente del Consejo General Farmacéutico, añade que “la farmacia comunitaria desempeña un papel especialmente relevante: acompaña a las personas, detecta necesidades y mejora la continuidad asistencial”. Y manifiesta que “cuidar la salud no es solo atender enfermedades, sino comprender contextos, reducir desigualdades y acompañar a las personas en todas las etapas de su vida, independientemente de su origen o de su trayectoria. Ese es el compromiso de la farmacia”.
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