El próximo gobierno recibirá las cuentas fiscales deterioradas. En ese contexto, el IPE revisó los planes de gobierno y sus propuestas en materia tributaria y sobre la gestión de las finanzas públicas, enfocándose en su impacto sobre la sostenibilidad fiscal.
El manejo de las finanzas públicas mostró un deterioro en el último quinquenio. Esto se refleja en tres incumplimientos consecutivos de las reglas fiscales: la de déficit en el 2023 y el 2024, y las de incremento del gasto en el 2024 y 2025. Esto es consecuencia de dos factores persistentes: una recaudación insuficiente, asociada a una reducida base de contribuyentes, y a incrementos en los gastos rígidos, como las remuneraciones.
De los 35 planes, ninguno presenta una agenda concreta para sostener un manejo razonable, predecible y sostenible de las finanzas públicas. Esto exigiría incorporar medidas específicas para ampliar la base tributaria, unificar regímenes del impuesto a la renta empresarial, reducir exoneraciones tributarias e impulsar la eficiencia del gasto público, entre otros instrumentos orientados a fortalecer los ingresos permanentes y mejorar la calidad del gasto.
En contraste, 18 planes reconocen la importancia de la sostenibilidad fiscal, pero incluyen propuestas contraproducentes. Así, aunque proponen medidas para moderar el gasto público, también incorporan exoneraciones tributarias para sectores específicos y la creación de zonas económicas especiales con tratamiento tributario diferenciado. A estos se suman ocho planes que recogen aspiraciones para el fortalecimiento fiscal, pero no aterrizan en propuestas concretas.
El próximo gobierno recibirá las cuentas fiscales deterioradas.
Finalmente, nueve planes incluyen iniciativas populistas que restan predictibilidad al sistema y que no se enfocan en la ampliación de la base, sino más bien en aumentar los impuestos sobre quienes ya soportan la mayor parte de la carga. Por el lado de la recaudación, se registran propuestas para incrementar la carga tributaria sobre sectores que ya se encuentran fuertemente gravados, como la minería, o la creación de impuestos a la riqueza. Por el lado de los gastos, se propone elevar el piso de las remuneraciones a los docentes e incrementar las pensiones, a la par de una mayor presencia de empresas públicas.
Un giro hacia un fortalecimiento fiscal requiere ampliar la base tributaria en lugar de concentrar mayores cargas sobre los mismos sectores y contribuyentes. Asimismo, necesita de medidas integrales que reduzcan espacios para el arbitraje entre regímenes tributarios y que promuevan la formalización.
Así, varias propuestas pretenden modificar la tributación minera, ignorando su carga vigente y la progresividad del sistema para captar rentas extraordinarias, tal como lo reconocen múltiples estudios y se evidencia en la evolución de su recaudación. Incrementarla reducirá la competitividad frente a otros países mineros, en un contexto de creciente expansión de la minería ilegal, desincentivando nuevas inversiones.
En paralelo, fortalecer la recaudación requiere una mayor contribución de la renta de personas naturales. Si bien el Perú recauda por este concepto 1,9% del PBI, similar al promedio de América Latina (2,0% del PBI), sigue lejos de la OCDE (5,4% del PBI). Además, la carga recae desproporcionadamente en solo un segmento de la fuerza laboral: según cifras de la Sunat, el 20% más alto de los individuos con ingresos declarados por rentas de cuarta y quinta categoría concentra el 99% de los impuestos pagados por estos conceptos.
Además, es imprescindible disminuir las pérdidas por evasión tributaria y por tratamientos tributarios que erosionan la base. Las pérdidas por el incumplimiento del pago del Impuesto a la Renta son casi equivalentes a su recaudación efectiva (cerca de 6% del PBI). A ello se suman los gastos tributarios (2,2% del PBI), que incluyen exoneraciones e inafectaciones.
Nada de lo anterior será sostenible si no se limita la iniciativa de gasto ejercida en los últimos años por el Congreso, a partir de un fallo constitucional cuestionable. Tan solo tres planes son explícitos en la necesidad de revertir este error (Libertad Popular, País para Todos y Primero la Gente). Recuperar la senda de sostenibilidad fiscal exige restablecer el liderazgo y criterio técnico del MEF y de la autoridad tributaria en la conducción y ejecución de la política fiscal.
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