Las redes sociales dejaron hace tiempo de ser un accesorio de la política. Hoy forman parte del espacio público y obligan a repensar cómo se relacionan las instituciones de gobierno con la ciudadanía. Por eso, la cuestión no es si la presidenta Keiko Fujimori debe usarlas o no, en tanto que es necesario saber qué reglas convivirán con la comunicación oficial.
Las primeras semanas de un gobierno suelen convertirse en un laboratorio de interpretación. Se examinan los nombramientos, los primeros gestos, las prioridades y, por supuesto, la manera de comunicar. No debe extrañar, por eso, que la decisión de la presidenta Fujimori de utilizar sus propias redes sociales como un canal permanente de contacto con la ciudadanía esté despertando reacciones entre “tirios y troyanos”, aunque creo que la discusión se está planteando en los términos equivocados.
Las redes sociales no compiten con las conferencias de prensa, los comunicados oficiales ni con la relación que debe existir con la prensa y los medios de comunicación. Cumplen una función distinta. Mientras los canales institucionales buscan informar con los cánones del caso dejando constancia de los actos de gobierno, las plataformas digitales permiten construir cercanía, generar conversación y fortalecer una relación más horizontal con la ciudadanía.
Conviene, además, reparar en un detalle que no es menor. Buena parte de los contenidos sujetos al escrutinio de “tirios y troyanos” están siendo publicados desde las cuentas personales de la mandataria y no desde una cuenta institucional de la Presidencia de la República. Esa diferencia no es menor, pues es la propia Keiko Fujimori quien controla la netiqueta –las reglas de convivencia digital aplicables– de sus redes sociales. Con todo, esta situación también abre una oportunidad interesante para pensar cómo debería evolucionar la comunicación presidencial en el Perú en el gobierno actual.
Quizá haya llegado el momento de crear una cuenta oficial de la Oficina de la Presidencia. No para sustituir la voz de la persona que ejerce la primera investidura de la nación, sino para distinguir con claridad cuándo habla la institución y cuándo lo hace la persona. La primera podría convertirse en una memoria histórica digital del gobierno: una bitácora pública donde permanezcan registradas decisiones, compromisos, actividades y resultados, independientemente de quién ocupe Palacio de Gobierno.
En paralelo, sería saludable que la propia presidenta difunda su netiqueta para absolver preguntas razonables: ¿Cómo se moderarán los mensajes ofensivos? ¿Qué ocurrirá con los mensajes que se le envíen directamente-DM? ¿Qué tipo de contenido pertenecerá a la esfera personal y cuál debería reservarse para la comunicación institucional? Definir esas reglas fortalecerá la transparencia tanto como un ordenado listado de transmisiones en vivo.
Resulta plausible que la presidenta busque una relación más cercana con la ciudadanía. Sin embargo, el ejercicio de accountability exige algo más que proximidad: requiere definir sobre qué se rendirá cuentas, con qué indicadores y desde qué espacios. Después de todo, una democracia digital no se construye solo abriendo nuevos canales de comunicación, sino diseñando instituciones, alineadas con la lógica de los gobiernos abiertos –open government– del siglo XXI: transparentes, participativos y colaborativos. Porque los gobiernos cambiarán, las plataformas evolucionarán, pero para que perdure la confianza pública siempre se necesitarán reglas claras.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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