El nuevo gobierno asume la conducción del país en un contexto complejo. A la urgencia de enfrentar la inseguridad ciudadana, reactivar la economía y cerrar brechas en infraestructura y servicios públicos se suma un desafío menos visible, pero determinante para el éxito de cualquier política pública: construir confianza.
No es un tema menor. La confianza es un activo que influye directamente en la capacidad de un país para atraer inversiones, ejecutar obras, resolver conflictos y construir acuerdos. Cuando escasea, aumentan los costos de hacer gestión pública, se debilita la gobernabilidad y se posterga el desarrollo.
Los indicadores reflejan esa realidad. El Edelman Trust Barometer 2026 muestra que apenas el 32% de los peruanos confía en el gobierno, mientras que el 74% afirma que le resulta difícil confiar en personas que piensan distinto. La polarización y el desgaste institucional han erosionado un recurso indispensable para avanzar como sociedad: la capacidad de creer que es posible construir soluciones colectivas.
Por eso, el principal reto del nuevo gobierno no será únicamente aprobar reformas o acelerar inversiones. Será recuperar la legitimidad de las instituciones mediante resultados concretos y una nueva forma de relacionarse con la ciudadanía.
La confianza no se recupera con campañas de comunicación ni con discursos optimistas. Se construye cuando el Estado cumple sus compromisos, actúa con transparencia, escucha antes de decidir y mantiene una presencia efectiva en los territorios. También cuando existe coherencia entre lo que se promete y lo que finalmente ocurre.
Esta reflexión cobra especial importancia en un país que necesita ejecutar grandes proyectos de infraestructura, energía, minería, transporte, salud y saneamiento. Todos ellos requieren recursos económicos y capacidad técnica, pero también legitimidad social. Ninguna inversión será sostenible si las personas sienten que sus preocupaciones fueron ignoradas o que el desarrollo ocurre de espaldas a los territorios.
Durante muchos años hemos entendido la gestión social como una respuesta frente a los conflictos. Hoy esa visión resulta insuficiente. La gestión social debe convertirse en una capacidad estratégica del propio Estado para gobernar un país diverso, descentralizado y con demandas cada vez más complejas.
Gestionar socialmente significa dialogar antes de que aparezcan los problemas, comprender las dinámicas locales, incorporar la participación ciudadana en la toma de decisiones y generar relaciones de largo plazo entre el Estado, las empresas, la sociedad civil y las comunidades. No es un mecanismo para resolver crisis; es una herramienta para prevenirlas.
En esa tarea, la innovación también juega un papel decisivo. Innovar no significa únicamente incorporar tecnología, sino desarrollar nuevas formas de escuchar, comprender y construir soluciones junto con las personas. Cuando la innovación pone a los ciudadanos en el centro de las decisiones, las políticas públicas ganan legitimidad y los proyectos encuentran mejores condiciones para prosperar.
El Perú necesita crecer con mayor velocidad, generar empleo y reducir las brechas sociales. Pero ese objetivo no dependerá únicamente del presupuesto público o de la inversión privada. Dependerá también de nuestra capacidad para reconstruir la confianza entre instituciones, ciudadanos, empresas y territorios.
El nuevo gobierno tiene la oportunidad de impulsar esa transformación. Si logra hacerlo, no solo facilitará la ejecución de proyectos y fortalecerá la gobernabilidad, sino que dejará una base mucho más sólida para el desarrollo del país. Porque, al final, la confianza no es la consecuencia del progreso: es la condición que lo hace posible. Sin confianza no hay acuerdos. Sin acuerdos no hay gobernabilidad. Y sin gobernabilidad, no hay desarrollo.
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