El Pleno del Congreso aprobó este jueves la inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, por presunta infracción de diversos artículos de la Constitución Política. Se trata de la segunda sanción de este tipo impuesta por el Parlamento contra la exfuncionaria.
El Pleno del Congreso aprobó este jueves la inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, por presunta infracción de diversos artículos de la Constitución Política. Se trata de la segunda sanción de este tipo impuesta por el Parlamento contra la exfuncionaria.
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La representación nacional alcanzó los votos requeridos para aplicar la medida, luego de registrar 70 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones. La decisión se adoptó tras una reconsideración presentada por el congresista Jorge Montoya, después de que una primera votación realizada en marzo no lograra el respaldo necesario.
La sanción se basa en el informe final de las denuncias constitucionales 563 y 618, presentadas por los congresistas Yorel Kira Alcarraz Agüero y José Cueto Aservi, quienes cuestionaron la actuación de Espinoza al presentar una denuncia constitucional contra once parlamentarios.
Según el documento parlamentario, la entonces titular del Ministerio Público habría vulnerado la inviolabilidad parlamentaria establecida en el artículo 93 de la Constitución, al denunciar a legisladores por votar a favor del dictamen del Proyecto de Ley N.° 319/2021-CR, relacionado con la percepción simultánea de pensión y remuneración por parte de exintegrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que ejercían funciones congresales.
El informe también sostiene que Espinoza habría excedido los límites del poder estatal previstos en el artículo 45 de la Carta Magna y afectado principios vinculados al debido proceso y la debida motivación de las resoluciones, contemplados en el artículo 139.
Durante el debate previo, el congresista Jorge Montoya argumentó que admitir denuncias contra legisladores por sus votos pondría en riesgo la inviolabilidad parlamentaria. En contraste, la defensa de Espinoza sostuvo que la fiscal de la Nación tiene la atribución constitucional de presentar denuncias contra congresistas como parte del equilibrio de poderes.
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La votación se produjo meses después de que el Congreso oficializara una primera inhabilitación contra Espinoza en diciembre de 2025, también por diez años, además de disponer la formación de una causa penal por presuntas infracciones constitucionales y diversos delitos.
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