El expresidente Pedro Castillo– a través de su abogado Walter Ayala- presentó el último 6 de julio dos nuevas solicitudes de gracia común, a fin de dejar sin efecto la condena de 11 años y cinco meses de prisión que cumple por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y también la orden de prisión preventiva por los presuntos actos de corrupción en la licitación del puente Tarata.
En el expediente sobre la sentencia en primera instancia por conspiración para la rebelión, Ayala argumentó que el artículo 118, inciso 21, de la Constitución habilita al presidente de la República a ejercer el derecho de gracia en beneficio a los procesados, cuando la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo (24 meses) más su ampliatoria.
En ese sentido, el exministro de Defensa indicó que el 16 de diciembre de 2024 debió ser la fecha máxima para que su patrocino reciba una condena firme.
Ayala indicó que la sentencia en primera instancia contra Castillo Terrones no es relevante, porque no es una decisión firme.
“La sentencia impugnada puede ser confirmada, reformada, anulada o revocada; por ello, la presunción de inocencia conserva eficacia procesal y la acción penal permanece abierta”, agregó.
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No obstante, fuentes del Ejecutivo indicaron a El Comercio que, a raíz de la condena al exmandatario por conspiración para la rebelión, se colige que la solicitud no cumpliría con el supuesto de la recomendación del derecho de gracia común. ¿La razón? El proceso contra el profesor ya superó la etapa de investigación preparatoria.
Sobre el fallo que dictó prisión preventiva contra Castillo por el Caso Tarata y otros, las mismas fuentes indicaron que al ser investigado por presunta organización criminal, el Ministerio Público tiene mayor plazo para realizar la pesquisa. Por ejemplo, de acuerdo al artículo 342, numeral 2, del nuevo Código Procesal Penal, cuenta, inicialmente, con 36 meses.
Y este plazo se puede prorrogar por 36 meses más, si es concedido por el juez de investigación preparatoria. Agregaron que, en el caso del expresidente, la exigencia del artículo 118 de la Constitución, invocada por la defensa del docente, recién se podría aplicar a partir de marzo de 2032.
El 25 de junio último, la Comisión de Gracias Presidenciales recibió una solicitud similar a la presentada esta semana por Ayala. El ciudadano Tomás Soldevilla, utilizando los mismos argumentos del exministro de Defensa, solicitó que se le dé a Castillo Terrones una gracias presidencial común.
En ese momento, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga explicó a El Comercio que ni el pedido de indulto ni el de gracia presidencial común cumple con los requisitos.
“Ninguno de sus procesos cumple con el requisito de que su proceso dure el doble del plazo más su prórroga, entonces, tampoco está en el supuesto de la gracia, en cuyo caso no califica para la gracia”, manifestó entonces.
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De otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, indicó que la opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el expresidente Pedro Castillo “no constituye decisión jurisdiccional obligatoria” y no producen por sí misma, “efectos directos en el ordenamiento jurídico interno”.
“Por tanto, no modifican las decisiones que adopten las autoridades nacionales competentes”, remarcó.
Torre Tagle, además, precisó que el referido grupo de trabajo está “integrado por profesionales independientes que, en el marco del mandato conferido por dicho órgano, examinan comunicaciones individuales y formulan opiniones y recomendaciones dirigidas a los Estados”.
El conjunto concluyó que la detención de Castillo Terrones, tras su anunciado golpe de Estado, fue “arbitraria” y careció de base legal.
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Esta semana, en declaraciones a El Comercio, el presidente José Balcázar evitó adelantar si otorgará o no un eventual indulto a favor de Castillo, pero dejó abierta esa posibilidad al señalar que aún le quedan “varios días” al frente del Gobierno antes del cambio de mando del 28 de julio, cuando su sucesora electa, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), asuma la jefatura del Estado.
“No tengo nada (de solicitudes ahora) pero tengo varios días por supuesto para esperar si presentan o no presentan (el pedido de indulto). Y si no, será con la nueva presidenta que se toque ese tema del expresidente”, manifestó.
Fuentes del Ejecutivo indicaron a este Diario que una eventual salida del actual ministro de Justicia Luis Jiménez Borra debe ser vista como “una señal de alerta” de que el indulto o la gracias presidencial común a Castillo va en serio.
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