Anuario iSanidad 2025
Elvira Velasco Morillo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados
Llegando al ecuador de la legislatura y, tras dos años siendo ministra de Sanidad Mónica García, podemos decir que poco o nada hemos avanzado en reformas legislativas para dar soluciones a los problemas que vive la sanidad en España. Es la sexta ministra de Sanidad desde que llegó Pedro Sánchez, en junio de 2018, y podríamos calificar este periodo como el de mayor inestabilidad del ministerio.
Además, el Barómetro Sanitario refleja que el 37,9% de los encuestados cree que el Sistema Nacional de Salud (SNS) necesita algunos cambios y el 20,7% que necesita cambios profundos.
Poco o nada hemos avanzado en reformas legislativas para dar soluciones a los problemas que vive la sanidad en España
A nivel legislativo, el único proyecto del Gobierno en estos dos años ha sido la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, una norma sobre la que hubo un gran consenso desde el Dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, en julio de 2020.
Para el Partido Popular era una propuesta incluida en el programa electoral, una ley que aún no se ha empezado a desarrollar. Todavía se desconocen aspectos sobre cuál será su reglamento o donde se ubicará la sede, entre otras cuestiones.
A esta le sigue la Ley ELA, impulsada por las asociaciones de pacientes. Tras más de un año publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica no han recibido ni un solo euro.
Recientemente se ha conocido un Real Decreto Ley 11/2025, por el que se establecen medidas para el fortalecimiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y cumplir con las obligaciones establecidas en la ley 3/2024 para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. Para aprobar esa norma, el Ejecutivo no ha contado con las comunidades autónomas, que trabajan para que no existan 17 derechos en función del lugar donde se vive.
El Ejecutivo no ha contado con las comunidades autónomas, que trabajan para que no existan 17 derechos en función del lugar donde se vive
El resto de iniciativas legislativas, como el de universalidad del Sistema Nacional de Salud, el proyecto de ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la equidad y cohesión del SNS y el de prevención del consumo de bebidas alcohólicas y de sus efectos en las personas menores de edad, presentados por el Gobierno y algunos en fase de ampliación de enmiendas desde mayo de 2024, tienen dificultades para que sean una realidad por la debilidad parlamentaria del Ejecutivo.
También se encuentra en fase de ampliación de enmiendas un proyecto de ley que tiene que ver con las agresiones a los profesionales en el SNS, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular (GPP). Es de gran importancia porque, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, se han registrado 13.177 agresiones y la cifra se incrementa año tras año.
Siguiendo con los profesionales sanitarios, estamos viendo mucho ruido en torno a la modificación del Estatuto Marco del personal sanitario. El Ministerio de Sanidad no está llevando por buen camino las negociaciones para satisfacer a todos los sanitarios, una muestra de ello son las diferentes manifestaciones que se están produciendo.
El Ministerio de Sanidad no está llevando por buen camino las negociaciones para satisfacer a todos los sanitarios
Llama la atención la poca implicación de dos ministerios, como el de Hacienda y Función Pública, que no pueden quedarse al margen porque tienen mucho que decir: tanto en lo que tiene que ver con la nueva clasificación profesional como en posicionar la dotación presupuestaria que va a suponer las medidas contempladas en la futura reforma. Esta no es una cuestión que deban abordar las comunidades autónomas. Existen muchas dudas sobre si llegará a verse en el Congreso de los Diputados.
Otra reforma legislativa muy esperada por el sector del medicamento, pacientes o clínicos es la Ley del Medicamento, que se ha de centrar en agilizar el acceso a fármacos, fomentar la competencia y la innovación, mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario, agilizar los procesos de precio y reembolso con un plazo de 180 días, garantizar el abastecimiento de medicamentos esenciales…
Estas y otras cuestiones indicarán que el medicamento no debe ser considerado como una partida de gasto público, sino como una estrategia de inversión. Sobre este proyecto se está a la espera de conocer cuál será el nuevo texto, tras numerosas alegaciones presentadas.
Finalmente, podríamos hablar de trabajos en propuestas legislativas para los pacientes o en la salud digital, pero con un Parlamento bloqueado vemos cómo la legislatura avanza sin que se apruebe nada. En resumen, dos años de legislatura y sólo una ley aprobada.
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