Primero, debemos estar claros que las crisis en el Perú están directamente vinculadas a una notoria falta de autoridad moral en nuestra clase política, limitaciones en su calidad de gestión y carencia de liderazgo. El costo lo asume nuestra economía en materia productiva y social.
Segundo, en materia productiva, durante el quinquenio 2021-2026, de acuerdo con cifras estimadas por nuestro propio BCR, vamos a crecer únicamente 2,5% promedio anual. Con precios internacionales de commodities a nuestro favor, pudimos haber crecido alrededor de 6%. La diferencia es en gran parte el resultado del desgobierno experimentado. Factor esencialmente político.
Tercero, en el último quinquenio, dada la brecha reseñada, hemos dejado de producir no menos del equivalente a los US$50.000 millones. Cifra conservadora dado que no incorpora el costo derivado del despilfarro del fondo de estabilidad fiscal, la pérdida de inversión privada, la ineficiencia que acompaña a la pública y la delicada trayectoria fiscal, entre otros.
Cuarto, en materia social, si estimamos el costo de la ilegalidad, la inseguridad ciudadana, la carencia de gestión pública, la corrupción y criminalidad, las cifras aumentan. Empleando estimados de entidades del calibre de la Fundación K. Adenauer, entre otras, se estimaría un costo quinquenal de estos factores no menor a los US$70.000 millones. También factor sustancialmente político.
Quinto, en resumen, el daño económico-social vinculado al inadecuado accionar de nuestra clase política para el período 2021-2026 bordearía al menos los US$120.000 millones. Las cifras pueden variar algo de acuerdo con el método empleado; el daño no.
Sexto, como es sabido, el modelo económico peruano ha sido parcialmente exitoso: disponemos de una destacada macroeconomía acompañada, al mismo tiempo, de grandes carencias en la cobertura de necesidades básicas de nuestra población.
Séptimo, lo anterior se explica porque aún está pendiente de ejecución un verdadero paquete de reformas estructurales que generen un marco institucional apropiado, una mayor calidad de sector público y canales de gobernanza nacional predictibles. Hasta hoy tampoco hay decisión política para ejecutarlas.
Octavo, imposible reducir a futuro estos costos con un frente político sobreempoderado, acompañado por la corrupción e ilegalidad, que no rinde cuentas al frente privado, que genera normas para su beneficio y que nunca asume real responsabilidad por el daño causado al país.
Noveno, si alguien daña a una persona, empresa o corporación asume objetivamente responsabilidades y penalidades por ello. Nuestra clase política es la excepción, puede dañar al país y, en la mayoría de los casos, sin mayor sanción.
Décimo, ¿deseamos dejar de asumir estos costos? ¿Querremos cambiar el país con la misma clase política, con las mismas reglas de juego, sin institucionalidad, sin gobernanza, sin rendimiento de cuentas y sin calidad de Estado? Imposible, sencillamente, imposible.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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