A partir del próximo año la Unión Europea (UE) obligará a los fabricantes de productos electrónicos a ofrecer dispositivos con baterías que los usuarios puedan retirar y cambiar con facilidad. El Reglamento de Baterías de la UE fue aprobado en el 2023 y entrará en vigor el 18 de febrero del 2027.
El ente supranacional estima que para el 2030 la demanda global de baterías se incrementará 14 veces y que los territorios bajo su jurisdicción representarán el 17% de ese consumo. La Comisión Europea (CE) argumenta que la normativa tiene como fin “minimizar el impacto ambiental del crecimiento exponencial” de estos componentes.
Si bien se considera que la regulación tiene como gran objetivo a los celulares y sus baterías, esta incluye una amplia variedad de equipos: tabletas, laptops, cámaras fotográficas, audífonos inalámbricos, escúteres e incluso juguetes. El reglamento comprende únicamente a los aparatos nuevos y, al no ser retroactivo, los equipos antiguos que se encuentren en el mercado todavía podrán venderse.
Hasta la década pasada era común poder abrir la tapa de los smartphones y poder retirar la batería. (Foto: Getty Images)
Julio Durand Carrión, docente de la Universidad de Lima consultado por este Diario, explica que para las empresas es más práctico adaptar toda su producción a un nuevo marco normativo en lugar de fabricar dispositivos específicos para la UE. El especialista en derechos del consumidor agrega que esto no solo es atribuible a optimizar la cadena de producción, sino que también es una medida preventiva, porque las normativas europeas suelen influir en las de otros territorios.
“Los países latinos como el nuestro tienen un sistema jurídico romano-germánico, nos basamos en el sistema normativo europeo. Muchas de nuestras regulaciones, como las normas de protección del consumidor del Perú, tienen elementos del código del consumidor español o directivas europeas de mercado. Esto en su momento migrará al contexto latinoamericano y estas empresas globales tendrán que adaptarse”, comenta el abogado.
Un precedente importante de lo anterior fue la mediática homologación obligatoria de los cargadores de dispositivos electrónicos, que por orden de la UE deben usar el estándar USB-C desde diciembre del 2024. Esto obligó a Apple a cambiar los antiguos cargadores y puertos Lightning en el iPhone 15 y otros equipos posteriores.
El estándar USB-C es empleado por todos los teléfonos inteligentes desde 2024 por una directiva europea. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
De momento, los analistas y prensa especializada coinciden en que la nueva regulación europea no implica el retorno al viejo sistema en el que se podía quitar la tapa de los teléfonos o tabletas para cambiar la batería, más allá de que la legislación europea indique que estos componentes deben ser “fácilmente extraíbles y reemplazables”.
Para Julio Durand, la introducción de una normativa como el Reglamento de Baterías de la UE tiene un impacto positivo al haber “una mayor vida útil de los productos”, y además porque es evidentemente más barato reemplazar una batería que un equipo completo. Sin embargo, el especialista sostiene que el consumidor puede verse afectado por el cambio productivo que implica generar nueva tecnología y adaptarse a nuevos parámetros.
“Es indudable que va a haber un aumento de costos porque la reingeniería y los nuevos diseños harán que la cadena de producción tenga que cambiar y ese costo se va a trasladar al precio final”, comenta el profesor de la Universidad de Lima.
Interior del iPhone Air. (Imagen: Apple)
/ Apple
Desde su presentación hace tres años, la legislación europea ya era considerada como potencialmente problemática para la industria tecnológica. A lo largo de la última década las compañías habían apostado por tener dispositivos de una sola pieza con todas sus partes integradas y selladas.
Esto tenía objetivos funcionales claros, porque el ahorro de espacio en equipos pequeños permitió que los equipos como los smartphones optimizar al máximo el espacio para incluir más y mejores componentes, a la vez que se ofrecían características deseables como la resistencia al agua y el polvo. Con esto también se pudo hacer aparatos más delgados y resistentes.
Sin embargo, de forma colateral esto obligó al usuario a recurrir a servicios técnicos costosos para reparar o cambiar partes en estos dispositivos sellados industrialmente. Esto se vio acompañado por el llamado “emparejamiento de partes” con el que algunas empresas desactivaban o empeoraban la funcionalidad de sus equipos si su software detectaba que habían sido reparados fuera de los canales oficiales o con otros repuestos, siendo estas políticas poco deseables.
Los celulares con baterías extraíbles y reemplazables están siendo impulsados por la UE.
/ Pixabay
Esta situación cambiará a partir de julio de este año cuando entre en vigor en la UE una medida complementaria al Reglamento de Baterías: la directiva del Derecho a Reparar de la UE.
Esta prohibirá a las empresas cualquier limitación a la reparación por parte del propio usuario, el uso de componentes usados o de otras procedencias siempre que cumplan con los estándares de seguridad, además de facilitar a los reparadores independientes su software de diagnóstico y la misma información que tienen los servicios técnicos oficiales.
Más allá de estos detalles, medios como Xataka han reportado que las empresas tecnológicas podrían eludir parcialmente esta normativa debido a un artículo del Reglamento 2023/1670 de la UE, dedicado al diseño ecológico de smartphones y tabletas. El Anexo II del documento establece que los fabricantes pueden evitar que la batería sea “extraíble por el usuario” si esta mantiene una capacidad mínima de 1.000 ciclos de carga.
El cambio de batería es una de las reparaciones más habituales en smartphones y equipos similares. (Foto: EFE)
Apple ha venido trabajando para que sus baterías lleguen a esa cifra y Samsung habría hecho lo propio para alcanzar ese número hasta en 1.400 ciclos en sus modelos de alta gama.
Con esto, los principales afectados sobre el papel serían los fabricantes que sostienen parte importante de su oferta en equipos de gama media y baja, debido a que estos suelen incluir baterías de menor capacidad. Apple estaría fuera de ese marco al enfocarse exclusivamente en la gama alta.
Julio Durand señala que hay variables adicionales y que este caso tiene diferencias importantes con el de los USB-C, ya que esta última tecnología era más fácil de implementar en el corto plazo y solo suponía el cambio pequeño de un componente. Por contrapartida, el rediseño completo de la estructura de equipo tecnológico supone un esfuerzo de desarrollo considerablemente más grande.
El docente universitario agrega que con toda probabilidad estos elementos han sido analizados por las autoridades europeas antes de la aprobación del Reglamento de Baterías, pues toda regulación que afecte al mercado debe sopesar las consecuencias entre sus actores. No obstante, Durand Carrión precisa que tanto usuarios como empresas pueden recurrir al sistema legal de sus jurisdicciones si llegan a demostrar que las regulaciones terminan siendo perjudiciales pese a sus buenas intenciones.
“Una norma de esta naturaleza tiene que pasar por ese análisis de impacto regulatorio para que tenga vigencia social y pueda ser cumplida. Si la norma tiende más al tema corporativo y deja de lado la parte del mercado y el consumo no tiene equilibrio”, comenta Durand.
“De repente el efecto es contrario porque los productos se van a encarecer, va a haber una contracción de la producción y de la demanda. Se puede terminar afectando a aquellos a los que precisamente se quería proteger”, finaliza el especialista en derecho del consumidor.
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