El gobierno que empiece funciones a partir del 28 de julio de este año se va a enfrentar con varios retos económicos y fiscales. Entre todos, quizá el más apremiante será el manejo de Petro-Perú.
El gobierno que empiece funciones a partir del 28 de julio de este año se va a enfrentar con varios retos económicos y fiscales. Entre todos, quizá el más apremiante será el manejo de Petro-Perú.
El último día del año pasado, la administración del presidente José Jerí, con todas sus carencias, por lo menos había puesto los cimientos para la transformación progresiva de una empresa estatal que no ha hecho sino desangrar al fisco desde hace por lo menos cuatro años. Desde entonces, sin embargo, el camino –como adelantamos en este espacio– ha sido accidentado. Los intereses en juego son demasiado grandes.
La administración del presidente José María Balcázar, en concreto, ha dado pasos en el camino inverso. El nuevo presidente de Petro-Perú, Edmundo Lizarzaburu, aprobó la reincorporación a la petrolera de gerentes que habían sido separados desde febrero con vistas a reflotar la compañía. De acuerdo con fuentes consultadas por este Diario, se trata de una recomposición de la “vieja guardia” de la entidad pública para impedir que se tomen las medidas correctivas anunciadas con bombos y platillos a inicios de año. Se trataría de prevenir, por ejemplo, que se lleve a cabo satisfactoriamente una auditoría forense respecto de lo que salió mal en la construcción y operación de la refinería de Talara. Ya a finales de abril, Balcázar se había mostrado abierto a volver a rescatar a Petro-Perú con una nueva garantía de US$2.000 millones.
Parece evidente, ya que nada va a cambiar con Petro-Perú en los pocos meses que quedan a este Ejecutivo. Regresan a la empresa las personas asociadas al desastre anterior, y vuelven también los rescates financieros con plata de los contribuyentes sin ataduras reales. Lo importante por ahora parece ser impedir, en la medida de lo posible, que se tomen decisiones difíciles de revertir por la siguiente administración, como garantizar cheques en blanco sobredimensionados o la posibilidad de desaparecer información.
El país no debe permanecer impasible mientras la actual gestión hace aún más complicada una eventual mejora progresiva de Petro-Perú. Se había avanzado algo desde enero. Ahora se extingue el poco progreso. La ‘cofradía’ en el interior de Petro-Perú, de la que hablaba un expresidente de la entidad, vuelve a ganar fuerza. Hasta que llegue la siguiente administración, las decisiones que se tomen en Petro-Perú merecen todos los reflectores para prevenir aún mayor daño.
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