El candidato presidencial Roberto Sánchez aún debe rendir cuentas ante la justicia. Por ello, este miércoles, el Poder Judicial (PJ) evalúa si será o no sometido a juicio oral por presuntamente haber brindado falsa declaración sobre la recepción de aportes de campaña recibidos, entre el 2018 y 2020.
El caso no es nuevo, ni apareció de la noche a la mañana. Sánchez Palomino arrastra esta investigación desde el 2020, y posteriormente, se judicializó en el 2023.
Tal como lo reveló El Comercio, el Ministerio Público (MP) presentó una nueva acusación contra el líder de Juntos por el Perú (JP) y solicitó 5 años y 4 meses de cárcel en su contra, en enero de este año.
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La fiscalía lo acusa por los presuntos delitos de falseamiento de la información sobre aportaciones y falsa declaración en procedimiento administrativo, en agravio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).
El Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria citó a las partes para que participen de la audiencia virtual convocada para las 8:00 horas de la mañana.
Sánchez Palomino y sus coacusados afrontan este proceso bajo la medida de comparecencia simple, situación que no fue variada tras la nueva acusación que presentó la fiscalía.
Carlos García Asenjo, abogado de Sánchez Palomino, señaló a El Comercio que tiene previsto participar junto al candidato presidencial de la audiencia programada. Sin embargo, señaló que debido a la agenda por campaña presidencial, no saben qué pasará hasta el miércoles.
“Normalmente, Roberto Sánchez siempre se ha conectado a las audiencias, pero como ahora está en campaña no se sabe cómo está su agenda. Normalmente, se conecta siempre. Hemos conversado de la posibilidad de conectarnos los dos desde aquí, de la oficina, pero como se sabe, la campaña es demandante y no se sabe qué puede surgir de acá al miércoles. En teoría él debería hacer lo que siempre ha hecho que es conectarse (a la audiencia).”
Nueva acusación contra Roberto Sánchez Palomino
Desde hace dos semanas, un nuevo juez asumió el despacho que tendrá a su cargo decidir si Sánchez Palomino y otros acusados, pasan o no a juicio oral.
Se trata del juez supernumerario Juan Vidal Mercado Cahuana, quien ingresó en reemplazo de la magistrada Marianela Romero Barzola.
NUEVO JUEZ
¿Quién es el magistrado Juan Mercado?
Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa con magister en Derecho Procesal por la Universidad Católica del Perú.
Ingresó al Poder Judicial en el 2021, a través de un concurso para Jueces Supernumerarios. Es decir, abogados que son designados por el Poder Judicial a fin de cubrir temporalmente las plazas que aún no han podido ser ocupadas por los Jueces Titulares o Provisionales a través de un concurso público convocado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
De acuerdo a diversos documentos, Juan Vidal Mercado Cahuana pudo ingresar como juez supernumerario luego de postular ante la Corte Superior de Justicia de Junín.
“Mediante Resolución Administrativa 656-2021-P-CSJJU/PJ, del 28 de junio del 2021 se ejecuta y oficializa el Acuerdo de Sala Plena Extraordinaria del viernes 25 de junio de 2021, por la que se incorpora al Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Junín al abogado Juan Vidal Mercado Cahuana, en el nivel de Juez Especializado Penal, quien se encuentra hábil para el ejercicio de la Magistratura”, se lee en la Resolución Administrativa N» 707-2021-P-CSJJU/PJ.
De esta manera inició su carrera en el PJ como Juez Supernumerario del Juzgado Penal Unipersonal de la Provincia de Concepción de la Corte Superior de Justicia de Junín.
Al año siguiente, la Corte Superior de Justicia de Junín ratificó a Mercado Cahuana en el cargo y despacho tras establecer que el magistrado había logrado alcanzar el alcanzar el 106% de la meta de producción establecida, según el Informe 000013-2022-UPD-GAD-CSJJÜ-PJ del 24 de enero del 2022. Sin embargo en mayo del 2023 declinó al cargo y renunció.
Para el mes de julio del 2023, vía Convocatoria 002-2022-CDSJS-CSJLI-PJ, la Corte Superior de Justicia de Lima lo designó Juez Supernumerario de los Juzgados Penales de Lima.
Desde entonces, debido a que no tiene cargo titular, es designado a los diversos juzgados penales y salas. De allí que ha despacho en el Juzgado Penal Liquidador – Sede Progreso, Juzgado Penal Unipersonal-Flagrancia, 6° Juzgado Investigación Preparatoria de Flagrancia, 1° Juzgado Penal Colegiado Permanente – Sede Iquitos, Juzgado Penal Colegiado De Proceso Inmediato – Sede Barreto, hasta llegar al 33° Juzgado De Investigación Preparatoria – Sede Iquitos.
En el 2025 la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial abrió un procedimiento administrativo disciplinario en contra de Mercado Cahuana, en su actuación como Juez del desactivado 28° Juzgado Penal Liquidador Sede Anselmo Barreto de la Corte Superior de Justicia de Lima, por la presunta falta leve prevista en el numeral 4) del artículo 46° de la Ley de la Carrera Judicial, referido a: “No ejercitar control permanente sobre los auxiliares y subalternos o no imponerles las sanciones pertinentes cuando el caso lo justifique”.
Sin embargo, a través de la Resolución Ocho de la Investigación Definitiva N° 4525-2023-LIMA fue absuelto de los cargos por no haberse acreditado la falta.
¿Cuál es la acusación que será analizada en audiencia?
La acusación fue presentada por el fiscal Humberto Ruiz del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, atribuye a Roberto Sánchez, quien atribuye a Roberto Sánchez, haber falseado información respecto a los aportes que recepcionó el partido político Junto por el Perú (JP) y hacer constar que no habría obtenido ningún aporte.
La fiscalía sostiene que para ello, los dirigentes del partido político habrían suscrito documentos y formatos presentados ante la Onpe, con la finalidad de acreditar que JP “no recibió algún tipo de financiamiento o aporte en sus actividades partidarias ordinarias” , así como en el marco de la Campaña Electoral del 2018 (Comicios regionales y municipales), “declarando cifras inexactas y/o irreales”.
Roberto Sánchez y su aliado político Antauro Humala, sentenciado por el crimen del «Andahuaylazo».
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Dicha información, acotó la fiscalía, sería contraria al registro de dinero que ingresó en la la cuenta bancaria Nro. 191-90141971-0-94, abierta a nombre de William Ricardo Sánchez Palomino -hermano del ahora candidato presidencial- que en ese momento ejercía el cargo de presidente del Comité Nacional Electoral de JP, por la suma de S/204,951.36.
“Se le atribuye al investigado Roberto Helbert Sánchez Palomino (y otros), el haber presentado información falsa ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Onpe, en relación a la campaña electoral para los comicios del año 2018, así como respecto de la actividad económica-partidaria (información financiera Anual) del año 2018.”
También se le atribuye haber haber declarado datos falsos en la Información Financiera Anual de los años 2019 y 2020; así como de la declaración de Ingresos y gastos de campaña para las Elecciones Congresales del 2020, que fueron presentados ante la Onpe.
Y es que, sobre la información financiera del 2019 señalaron no haber recibido aportes, pese a que en la cuenta mancomunada Nro 191-96430300-0-42 recepcionaron abonos y depósitos por la suma de S/75,750.00.
Nueva acusación contra Roberto Sánchez Palomino
Mientras que sobre la información financiera del 2020, declararon ingresos por la suma de S/27,400.00 alegando que parte de ello fue un aporte “en especie” por el “uso del local partidario”. Sin embargo, el presunto aportante de dicho bien, Edwin Espinoza, negó haber realizado dicha entrega.
Finalmente, sobre los ingresos y gastos de campaña para las Elecciones Congresales del 2020, la fiscalía señaló que se habría declarado un importe de S/25,000.00 por “aporte privado en especie” vinculado a Roberto Sánchez. No obstante, ello no guardaba relación con la realidad, ya que no se hizo referencia a los S/75,750.00. ingresados a la cuenta mancomunada.
“En su condición de presidente del partido político Juntos por el Perú, declaró aportes e ingresos por la suma de S/27,400.00 en la IFA 2020, siendo que declaró un aporte en especie por el uso del local partidario para el año 2020 (…) Onpe cruzó una carta al aportante declarado, Sr. Edwin Espinoza Chávez, mediante carta S/N con expediente Nro 0048347-2021, manifestando esta persona que no ha realizado ningún aporte durante el año 2020, de lo que se colige que los datos remitido por el partido no se ajustan a la realidad.”
Cabe precisar que en setiembre del 2025, el juzgado ordenó a la fiscalía adecuar la acusación luego de que la Sala Superior ordenó archivar un tercer delito imputado en contra de Sánchez Palomino.
En ese momento, también había sido acusado por fraude en la administración de persona jurídica. Sin embargo, al archivarse este delito, quedaron vigentes los presuntos delitos de falseamiento de la información sobre aportaciones y falsa declaración en procedimiento administrativo, que serán analizados esta semana.
¿Qué sucederá en la audiencia?
Fanny Uchuya, abogada penalista, explicó a El Comercio que con la audiencia de este miércoles se iniciará la etapa intermedia del proceso penal. Entendiendo que, si existe un nuevo requerimiento de acusación de la fiscalía, las defensas de los acusados pueden presentar diferentes escritos el requerimiento acusatorio.
Explicó que esta etapa no se resolvería el mismo día; sino que tomaría un tiempo, dependiendo de la complejidad del caso, del número de procesados y de la capacidad expeditiva del magistrado a cargo.
Entonces, consideró que esta fase podría tomar tres meses a un año. Lo ideal, señaló, es que sea rápido, pues se trata de una “fase bisagra” que no debería demorar más que el juicio oral, si lo hubiere.
“Entonces, en la fase intermedia que es la instancia de tránsito, entre el término de la investigación hacia el juicio oral, es una fase de control formal de esta nueva acusación. Es decir, se hace un nuevo control formal, si es que cumple con las imputaciones correctamente, si no hay excesos, si no se han incorporado hechos que no estaban en la investigación; o sea es una fase de revisión para que la acusación esté sólida, nos sea contradictoria; para recién entonces pasar a juicio oral.”
El control de acusación, señaló Uchuya, se divide en tres subetapas. La cuestión formal, donde se revisa que la acusación se ajuste a los hechos de investigación; luego viene la fase de control sustancia, donde las partes pueden alegar excepciones, pedir el archivo por sobreseimiento o otros pedidos.
Finalmente, indicó la abogada penalista, la fase concluye con el control probatorio. Aquí se analizan todas las pruebas ofrecidas por la fiscalía y las partes (testimoniales, documentales, etc) a fin de determina si son útiles.
“Cuando ya han transcurrido todas estas subfases de la fase intermedia, recién el juez estará habilitado para emitir el nuevo auto de enjuiciamiento”, anotó.
Roberto Sánchez saca ventaja sobre Rafael López Aliaga en busca de enfrentarse a Keiko. (Photo by Connie FRANCE / AFP)
/ CONNIE FRANCE
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