Roberto Sánchez viene ofreciendo revisar contratos y concesiones de inversión extranjera. Lo dice con la audacia de quien cree que “revisar” es sinónimo de justicia social. Pero hay una diferencia enorme entre negociar un contrato que va a vencer y sentar a la mesa a un inversionista con contrato vigente simplemente porque al nuevo gobierno le pareció que el acuerdo no era lo suficientemente conveniente para los intereses peruanos. Una es gestión. La otra es confiscación.
¿Por qué importa esta diferenciación? Porque la base de una economía que funciona no es la explotación de recursos como el cobre, el gas o el agro. Es algo más sencillo y difícil al mismo tiempo: que la palabra empeñada valga.
Daron Acemoglu y James Robinson, en el libro “Por qué fracasan los países”, lo explican de manera muy clara. La prosperidad no proviene de la geografía o la cultura de los países. Estos logran prosperar porque construyen instituciones que protegen los derechos de propiedad, hacen cumplir los contratos y generan los incentivos para que alguien arriesgue su capital hoy esperando que las reglas sigan siendo las mismas mañana. Y porque en esas sociedades los ganadores los elige la competencia y no el poder político.
Un ejemplo que utilizan Acemoglu y Robinson proviene del México de los noventa. Carlos Slim adquirió Telmex en 1990 no porque hiciera la oferta más alta, sino porque tenía las conexiones políticas correctas con el gobierno de Salinas. En el modelo que Acemoglu llama ‘extractivo’, los ganadores no los elige la competencia, sino el gobierno de turno. Los mexicanos pagaron durante décadas tarifas de monopolio por un servicio sin competencia.
Cuando ese mismo empresario quiso operar en Dallas y rompió un contrato con un socio local, lo demandaron y perdió: US$454 millones de multa. El abogado de la parte ganadora resumió la lección: en Estados Unidos, las empresas deben respetar las reglas si quieren venir aquí.
En el caso de Roberto Sánchez, este ni siquiera dice qué contratos va a revisar. Habla de “algunos”. ¿Cuáles? ¿Con qué criterio? ¿Quién decide? La respuesta es que lo decidirá el gobierno de turno. Eso no es velar por los intereses nacionales. Es discrecionalidad pura: el Estado escogerá a quién le cumple y desde luego a quién le cobra el favor político de haberlo elegido. El modelo Telmex, pero en versión Sánchez.
Roberto Sánchez se refiere a los contratos de inversión como si hubieran sido caprichos de las autoridades anteriores que él tiene el deber moral de corregir. Pero esos contratos –incluyendo los contratos ley, que ya existían en los cincuenta y que el mismo Velasco Alvarado usó– son el instrumento por el cual el Estado Peruano le dijo a un inversionista: “Trae tu capital que aquí las reglas de juego se van a respetar”. Romper eso no es justicia social. Es lo que hace que los países pobres sigan siendo pobres.
¿Hay contratos que merecen revisarse cuando vencen? Por supuesto. Yo mismo he dicho que el contrato con Transportadora de Gas del Perú debe revisarse a su término. ¿Que el Estado puede y debe negociar mejor en futuras licitaciones? Obvio. Pero una cosa es sentarse a negociar cuando el contrato expira y otra muy distinta es citar a un inversionista con contrato vigente y decirle que las condiciones cambiaron porque ganaste una elección.
Eso tiene nombre en economía: riesgo político. Y cuando sube, la inversión baja, el crecimiento se detiene, el tipo de cambio sube, el crédito se encarece y la pobreza aumenta.
El Perú no necesita un presidente que renegocie lo que está firmado. Necesita uno que haga cumplir los contratos, construya instituciones que funcionen y, cuando corresponda, negocie mejor los próximos. Ese es el tipo de líder que debemos elegir.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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