S&P Global confirmó la calificación negativa, ‘B-‘, que otorgó a Petro-Perú en diciembre pasado pues considera que la estatal no genera la suficiente confianza para asegurar la continuidad del negocio y generar el flujo de caja que “le permitiría pagar sus obligaciones futuras sobre una base consistente”.
S&P Global confirmó la calificación negativa, ‘B-‘, que otorgó a Petro-Perú en diciembre pasado pues considera que la estatal no genera la suficiente confianza para asegurar la continuidad del negocio y generar el flujo de caja que “le permitiría pagar sus obligaciones futuras sobre una base consistente”.
En ese sentido llamó la atención sobre el plan de reorganización patrimonial de Petro-Perú, a cargo de ProInversión, el cual “no se ha materializado”.
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“Por lo tanto, la dirección estratégica de la compañía sigue sin definirse; y, junto con la falta de claridad sobre los plazos de ejecución y los objetivos operativos específicos, esto genera incertidumbre”, dijo.
La calificadora explicó que esto limita su habilidad para predecir la trayectoria de recuperación de la compañía; sin embargo, opina que tomará tiempo implementar el plan de reorganización, pues “requiere la aprobación de los bonistas y los acreedores de CESCE (Compañía de Seguros de Crédito a la Exportación).
Manifestó que cuando el plan de haya implementado analizará los efectos que pueda tener la performance operativa y financiera de la empresa.
S&P detalló que no ha rebajado la calificación de Petro-Perú porque advierte que la empresa tiene la flexibilidad financiera suficiente para honrar sus deudas de corto plazo.
Esto, como consecuencia del nuevo rescate financiero, de US$2 mil millones, anunciado por el gobierno peruano el pasado 11 de mayo a través de un Decreto de Urgencia.
“El decreto anunciado proveerá el soporte que Petro-Perú necesita y aliviará sus problemas de liquidez. Ahora esperamos que ProInversión se enfocará en las estrategias operativas del plan de reorganización”, dijo.
Añadió que podría degradar la calificación de la estatal si ocurriera cualquiera de los siguientes tres escenarios: si el plan de reorganización se sigue demorando, si advierte que el Gobierno no otorga su soporte financiero o si percibe que el Ejecutivo no es capaz de adoptar medidas correctivas sostenibles.
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