La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declara nulo el caso de lavado de activos seguido contra Ollanta Humala representa una estocada final para el equipo especial Lava Jato.
Esta decisión, junto a la que anuló el Caso Cocteles seguido contra Keiko Fujimori, no solo oficializa el fracaso de José Domingo Pérez y Rafael Vela en el encargo que tenían de encontrar a los responsables del caso de corrupción más grave que ha visto el Perú en décadas, sino que muestra que quizá su objetivo no era ese.
En lugar de investigar seriamente para sancionar a los responsables del esquema de corrupción en el que constructoras brasileñas sobornaban a autoridades peruanas para ganar contratos públicos, los fiscales se encargaron de armar un espectáculo utilizando el Ministerio Público con fines políticos y pisoteando las garantías del debido proceso.
Estos fiscales fueron artífices de la judicialización de la política que hoy se ha instaurado como práctica común, llegando al extremo de encarcelar a personas sin acusación fiscal (ni qué decir una sentencia) por conductas que, si bien cuestionables, no eran delito. Kafka se quedó corto.
Los hechos hablan por sí solos: PPK, acusado de conformar una organización criminal junto a su chofer y secretaria, estuvo bajo arresto domiciliario por casi tres años sin acusación. Keiko Fujimori estuvo 16 meses en prisión por una absurda acusación que se formalizó seis años después de iniciada la investigación, fue devuelta a la fiscalía varias veces por sustentación deficiente y, finalmente, fue archivada por el TC.
Los Humala estuvieron casi un año en prisión preventiva y recientemente se anuló el proceso en su contra porque, como ya se sabía, no declarar aportes en efectivo no era delito.
Simultáneamente, Jorge Barata y otros protagonistas del esquema de corrupción gozaron de una injustificada protección gracias a la manipulación del mecanismo de colaboración eficaz. En Brasil, Marcelo Odebrecht ya ha sido investigado, sentenciado e incluso excarcelado; en el Perú nada ha pasado y reina la impunidad.
El legado del equipo especial Lava Jato es vergonzoso y el daño que han causado a la justicia, la seguridad jurídica y la vida democrática del Perú es inmensurable.
Las sentencias del TC restablecen el sentido común y el estado de derecho e impiden que se siga abusando de la acción penal como lo hicieron estos infames fiscales. Sin embargo, deben ser un llamado a la reflexión nacional, porque durante una década se les permitió montar este show que trasladó pugnas políticas a los tribunales penales. Lamentablemente, fueron muy pocas las voces de disenso y muchísimos los entusiastas espectadores de la función.
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