Nunca como antes, el Perú enfrenta una coyuntura marcada por la convergencia de tres hechos perturbadores: un amenazante fenómeno climático (El Niño costero), una bizarra campaña electoral con 36 candidaturas presidenciales y una corrosiva crisis política que terminó con un nuevo relevo presidencial y de gobierno. Se trata de un peligroso ‘ménage à trois’ cuyo desenlace, todo indica, no sería tan auspicioso de seguir las cosas como van.
En cuanto al primer elemento, debemos recordar que la versión del 2017 de El Niño costero no solo conmovió la infraestructura física de importantes regiones del país como también los medios de vida de sus habitantes: puso en evidencia, además, las clamorosas limitaciones del Estado Peruano en materia de respuesta ante las emergencias climáticas y la reconstrucción, para no hablar de nuestra históricamente pobrísima actitud preventiva.
Quizás las únicas consecuencias positivas de aquel evento fueron las que obligaron a una tregua entre los actores políticos del momento (priorizaron la ayuda a los damnificados), que se impulsara la aprobación de la ley marco de cambio climático y que se creara la hoy reestructurada Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, confirmando la necesidad de priorizar la dimensión política de la gestión del riesgo en un país donde las vinculaciones entre política, desastres y ambiente permanecen relegadas.
Ya varias provincias se han visto golpeadas por huaicos, torrenteras, lluvias y olas de calor, repitiendo un patrón con dramáticas escenas y millonarias pérdidas, pese a que los organismos especializados han aclarado que se trata de un Niño Costero de moderada intensidad. En realidad, este cuadro no nos es desconocido y es muy probable que las zonas afectadas por este fenómeno natural en el 2017 sean las mismas ahora.
El actual contexto electoral y la instalación de una nueva gestión presidencial no parecen conformar un escenario propicio para atender oportunamente los desastres que detona El Niño costero, al abatirse sobre una población cuya vulnerabilidad se grafica en viviendas instaladas al lado de los ríos o dentro de los conos de deyección de los huaicos. A diferencia de su versión del 2017, en la que mal que bien aún se tenía un gobierno relativamente estable que intentó responder al desafío, la precariedad política de hoy sin ninguna duda retrasará las respuestas que la situación demanda. ¿Los candidatos harán suyo el asunto de la gestión de riesgos y desastres, forzados por esta coyuntura climática? ¿Los grupos políticos parlamentarios le darán el voto de confianza al Gabinete Miralles, en vista de las emergencias en camino?
Normalmente, los políticos aprovechan estos momentos para mostrarse solidarios y eficaces; y si están en campaña política de seguro forzarán al gobierno por acciones efectivas y oportunas. El presidente José María Balcázar prácticamente estrenó su gestión apremiado por las actuales emergencias y seguro recibirá mucha presión social y mediática si los eventos se agudizan y los damnificados se multiplican, todo lo cual es muy probable a tenor de lo que ya se observa.
Como suele pasar, la urgencia climática reedita muchas interrogantes que gobernantes, burocracia técnica y ciudadanos deberían hacerse: ¿la sociedad y el Estado han aquilatado la experiencia de El Niño costero del 2017, de forma que sus lecciones estén aprendidas? ¿Cómo se procederá con la ocupación territorial, tan desordenada e informal, luego del presente episodio climático? ¿Hasta qué punto la reconstrucción posterior a este El Niño costero reflejará una genuina inversión en gestión del riesgo de desastres y no solo la recuperación de lo mismo en los mismos lugares de riesgo? ¿El foco de la acción gubernamental en materia de desastres continuará siendo la atención de la emergencia mas no la prevención? ¿Cómo evitar ese olvido colectivo al que pasan los desastres cuando la coyuntura crítica que generaron es superada por el tiempo?
Roguemos para que no se repitan las surrealistas imágenes del 2017, cuando, para recobrar el suministro de agua en Lima, sacrificados trabajadores de Sedapal tenían que desatorar, a mano y con rastrillos, los canales de La Atarjea que estaban atrofiados por toneladas de residuos traídos por los huaicos y lluvias. Que el acceso al agua de una megaciudad como Lima dependa, en momentos críticos, de un sistema tan rudimentario como el descrito indicaría que el aprendizaje ha sido vergonzosamente deficiente.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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