Cuando los nuevos senadores y diputados recibieron anteayer y ayer sus credenciales, el gesto no fue solo un trámite de protocolo. Fue el umbral formal de una nueva etapa para el sistema político peruano. Con ese acto, el Perú deja atrás, al menos en su arquitectura institucional, más de 30 años de unicameralismo que la Constitución de 1993 impuso como parte del rediseño del Estado. La restitución del Senado, por la que estas páginas han abogado durante años, no es un fin en sí misma. Es, si se ejerce bien, un instrumento para una mejor calidad legislativa.
Sin embargo, la bicameralidad no garantiza por sí sola mejores leyes. Lo que ofrece es la posibilidad de legislar con mayor deliberación: un proceso en dos cámaras obliga a revisar, debatir y corregir antes de que una norma adquiera vigencia. En sistemas presidenciales con partidos débiles y mayorías volátiles —el escenario crónico del Perú— ese doble filtro puede ser la diferencia entre una ley técnicamente sólida y una aprobada en la madrugada sin más análisis que el del número de votos. El Senado, bien concebido, es un espacio de reflexión y de contrapeso. No una cámara de eco ni una válvula para dilatar reformas urgentes.
Esa distinción importa porque el Parlamento unicameral que termina deja una herencia pesada. Cinco años marcados por la irresponsabilidad en leyes que han generado un forado en el fisco, con legisladores acusados de mochasueldo y un desprestigio generalizado han situado al Congreso, de manera consistente, como la institución menos valorada del país. Ese desprestigio lo afianzó este Parlamento, decisión a decisión, con una conducta que privilegió el cálculo inmediato sobre el interés nacional.
La bicameralidad no borra ese historial, pero sí crea las condiciones para escribir uno distinto. No obstante, no está de más mencionar que las condiciones, por sí solas, no alcanzan. Lo que viene ahora exige de los nuevos legisladores algo más que voluntad: exige independencia frente al Ejecutivo —sin que esto implique obstruirlo desde el día uno—, rigor en el trabajo en comisiones, transparencia en el proceso legislativo y, sobre todo, la capacidad de anteponer el interés del país al del partido o al personal.
El Perú merece un Congreso que legisle con seriedad, que controle sin paralizar, que debata con altura y que actúe con integridad. La entrega de credenciales es el comienzo. Lo que venga a continuación determinará si esta reforma fue de fondo o solo de forma. Esa respuesta la escribirá, en los próximos años, cada uno de los ciento treinta diputados y sesenta senadores que comenzarán en julio a ejercer el mandato que la ciudadanía les confió
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