La Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), advirtió a la ciudadanía que el Gobierno está proponiendo medidas tributarias orientadas a modificar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el mecanismo de percepción del IGV, por lo que mostró su rotundo rechazo a dichas propuestas.
La Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), advirtió a la ciudadanía que el Gobierno está proponiendo medidas tributarias orientadas a modificar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el mecanismo de percepción del IGV, por lo que mostró su rotundo rechazo a dichas propuestas.
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“Estas medidas afectarán a todos los productos de consumo masivo, generando un incremento en los precios de los productos, incentivando a un aumento de la inflación y promoviendo el contrabando de productos sensibles a dicho impuesto”, indicó la ABP.
El gremio señaló que para las 535 mil bodegas a nivel nacional, este incremento de impuestos encarecerá los productos que venden y por lo tanto se reducirán sus ventas, que a la fecha están en economía de subsistencia ya que los costos operativos se han incrementado a consecuencia de la ineficiente política de seguridad ciudadana.
“La modificación del mecanismo de percepción del IGV, afectará a la sostenibilidad de las Mypes, ya que una ampliación de ésta, descapitalizaría a muchas empresas, incluidas las bodegas más grandes”, agregó.
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De acuerdo con la ABP este tipo de medidas promueven el crecimiento de la informalidad, generando una competencia desleal, perjudicando a los negocios formales. “Consideramos que esta disposición es inconstitucional, ya que los impuestos deben verse en el Congreso de la República y en un debate público, y no mediante Decretos Supremos, y menos aún para cubrir el déficit fiscal de un gobierno inoperante y transitorio”, aclaró el gremio.
Además, cuestionaron que el Poder Ejecutivo “pretenda aprobar un paquete tributario cuando esa facultad le corresponde al Congreso”. Finalmente, instaron al Congreso de la República a aprobar el Proyecto de Ley 536, que conforme al mandato constitucional dispone que la facultad de modificar las tasas del ISC es potestad del Parlamento Nacional.
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