La Asociación de Bebidas sin Alcohol del Perú (Abresa) manifestó su rechazo por la intención del Poder Ejecutivo para incrementar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), argumentando que la medida responde a fines estrictamente fiscales, debilita la confianza de la inversión privada y pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los pequeños comercios.
La Asociación de Bebidas sin Alcohol del Perú (Abresa) manifestó su rechazo por la intención del Poder Ejecutivo para incrementar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), argumentando que la medida responde a fines estrictamente fiscales, debilita la confianza de la inversión privada y pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los pequeños comercios.
El gremio señaló que el uso recurrente de esta herramienta impositiva para cubrir las necesidades financieras de corto plazo del gobierno desnaturaliza el propósito original del tributo. “Si bien este impuesto se justifica bajo la premisa de salud pública, la evidencia muestra que su motivación actual es predominantemente recaudadora”, afirmó la organización, tras detallar que el sector aportó más de 6,430 millones de soles entre los años 2018 y 2025.
El gremio precisó que el impacto se trasladará hacia más de 535 mil bodegas locales, de las cuales el 60% son lideradas por mujeres | (Foto referencial: Pixabay)
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Asimismo, Abresa criticó la falta de predictibilidad y la inestabilidad regulatoria que genera una modificación de este tipo a pocas semanas de un cambio de mando y en plena ejecución del año fiscal.
De acuerdo con la institución, el sector formal de bebidas no alcohólicas en el territorio nacional ya soporta una de las presiones tributarias más altas a nivel global, con tasas del 12%, 17% y 25% de ISC, además del 18% del Impuesto General a las Ventas (IGV), cifras que se alejan del promedio de 8% sugerido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Con respecto al impacto económico, advirtió que un aumento adicional en la tasa impositiva provocará una contracción directa en las ventas, perjudicando de manera crítica al precio final. El gremio precisó que el impacto se trasladará hacia más de 535 mil bodegas locales, de las cuales el 60% son lideradas por mujeres que “actualmente afrontan un contexto complejo marcado por la inseguridad ciudadana, las extorsiones y el cierre masivo de establecimientos comerciales”.
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Finalmente, el comunicado exhortó al Estado a priorizar el debate sobre la calidad y la eficiencia del gasto público antes de trasladar mayores cargas económicas a las empresas formales.
La organización sostuvo que la propuesta del Ejecutivo carece de sustento técnico, ya que el portafolio actual de la industria está compuesto en más de un 71% por bebidas con bajo contenido de azúcar, cumpliendo de esta manera con los objetivos de salud pública vigentes.
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