La vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales vuelve al centro de atención por la alerta de un posible FEN costero de intensidad fuerte y el temor de que un terremoto como el ocurrido en Venezuela suceda en el Perú. De ocurrir, se pondrá a prueba nuevamente la limitada capacidad del Estado, que suele reaccionar más que prevenir sus posibles impactos. Todo ello en un contexto de amplias brechas de infraestructura, condiciones inadecuadas de un alto número de viviendas informales y serias limitaciones para gestionar los recursos para la prevención del riesgo de desastres.
En lo que va del siglo, los desastres naturales de mayor costo incluyen el fenómeno de El Niño costero del 2017, cuyos daños equivalieron al 1,5% del PBI, y los terremotos ocurridos en el sur del país en 2001 y en Ica en 2007, con pérdidas cercanas al 0,6% del PBI en cada caso.
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Además, entre el 2015 y 2024, el Indeci registró más de 57 mil emergencias de origen natural, que afectaron a 9,5 millones de personas, 1,2 millones de viviendas, 6 mil puentes y 32 mil kilómetros de carreteras. Entre estos eventos destacan las lluvias intensas, que representaron el 40% del total de las emergencias y concentraron buena parte de los daños. Así, las lluvias explican la afectación del 63% de las viviendas comprometidas durante ese periodo, el 74% de los puentes y el 75% de las carreteras. En este contexto, la alerta sobre la ocurrencia de un FEN costero de intensidad fuerte eleva el riesgo de nuevos daños por lluvias intensas hasta inicios del 2027.
El impacto de los fenómenos naturales se agrava por el mal estado de las viviendas. En el Perú, 77% de las viviendas son informales, es decir, fueron construidas sin título de propiedad o garantías básicas sobre su estructura. La precariedad incrementa la exposición ante un fenómeno. Al 2025, el 72,4% de las viviendas informales tenía pisos inadecuados, el 50% techos inadecuados y el 29% paredes de materiales precarios. Estas brechas son diferenciadas por región. Por ejemplo, en Loreto, Ucayali y San Martín, más del 90% de viviendas informales tiene techos inadecuados.
La vulnerabilidad también se extiende a la infraestructura pública. Cerca de 27 mil locales educativos requieren una sustitución total; es decir, todas sus edificaciones deben ser demolidas y reemplazadas por nueva infraestructura. Esto afecta a más de 1,2 millones de estudiantes. La magnitud de esta brecha también condiciona el tiempo que demandaría corregirla. Así, al ritmo promedio de ejecución 2021-2025, cerrar la brecha de infraestructura educativa a la fecha tomaría 24 años. Más aún, en regiones como San Martín, Amazonas y Loreto, requeriría más de cinco décadas.
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Frente a brechas de esta magnitud y riesgos eminentes, se requiere gestionar adecuadamente los recursos para la prevención y gestión de desastres. Ello implica asignar recursos suficientes a las zonas que suelen ser más afectadas y ejecutarlos eficientemente. No obstante, en el 2026 los recursos presupuestados por habitante para la zona norte del país son casi 30% menores en términos reales que los ejecutados en los últimos 10 años. Ello contrasta con el mayor presupuesto por habitante para las regiones del oriente (+49%), centro (+31%) y sur (+30%) del país.
Además, preocupa el lento avance de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que asumió la cartera de proyectos destinados a prevenir desastres y reconstruir infraestructura afectada de la extinta Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Según datos del MEF, el 75% de las obras en su cartera vigente se iniciaron antes del 2023. Sin embargo, aun cuando la ANIN cuenta con mecanismos especiales para la contratación, solo registra una ejecución financiera promedio de 36% del monto total comprometido para estas obras.
Con estas limitaciones el Perú enfrentará el próximo FEN y un eventual terremoto, por lo que es clave que el próximo gobierno lidere a un Estado que prevenga oportunamente y logre reducir su elevada exposición a los fenómenos naturales. El desafío es grande, pero el desarrollo de los peruanos depende ello.
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