Tengo familiares que huyeron de la hiperinflación y el terrorismo de los años ochenta buscando un futuro mejor. Emigrar es difícil: se empieza, en muchos aspectos, desde cero. Y la decisión de irse –tomada por 3,49 millones de peruanos– muchas veces se da porque la política no deja más remedio. Arrebatarles el derecho a votar, como pretende Juntos por el Perú, es una medida antidemocrática: los excluye de la democracia y les quita la única herramienta para cambiar esa política que los ahuyentó: el voto.
Y es que, aunque parezca una broma de mal gusto, el partido del nuevo sombrero –vía el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala– presentó una acción de amparo para proclamar a Sánchez solo con los votos nacionales. Alegan que la ONPE cambió las normas en medio del proceso y que se rompió la cadena de custodia.
Es falso. Solo se ajustó un protocolo, simplificando un procedimiento que en primera vuelta resultó engorroso: no se tocaron las reglas sustantivas, solo la logística. Y la custodia no se rompió: el traslado fue documentado y trazable, pasar de digitalización a valija diplomática no rompe nada, y una demora en llegar tampoco. Nadie ha probado un solo punto ciego en el recorrido del material.
No es la primera vez que se intenta desacreditar el voto de compatriotas: en el 2021 el intento vino del lado contrario, contra el voto rural. Pero entonces, al menos, se detallaron irregularidades, a diferencia del flojo trabajo argumentativo de los abogados de Juntos por el Perú. Entonces, como ahora, el JNE concluyó que no hubo fraude
Son tan descabellados los argumentos que es evidente que buscan una excusa. Tanto, que la virtual diputada de Juntos por el Perú, Amalia Palomino, sostuvo que quienes no viven en el Perú hace más de 10 años no tendrían autoridad moral para votar, porque desconocerían la realidad peruana y vivirían en bonanza.
La distinción que hace Palomino entre ciudadanos plenos –los que viven aquí– y de segunda categoría –los del exterior– es inconstitucional. Nuestra Constitución no separa a los peruanos en castas.
Además, vivir fuera no te vuelve ajeno a la realidad peruana. Muchos mantienen a su familia: solo en el 2025 enviaron US$5.368 millones en remesas. Con ese dinero, el abuelo compra sus medicinas, el ama de casa hace las compras y la hija paga la universidad.
Y vaya prejuicio el de esta nueva madre de la patria al suponer que ser peruano en el exterior equivale a vivir en bonanza. No hay data de qué hacen allá, pero sí de a qué declararon dedicarse al emigrar: según el INEI (1990-2019), entre los mayores de 14 años predominan estudiantes (21.6%), empleados de oficina (12.7%), trabajadores de servicios y comercio (10.8%) y amas de casa (10.4%). No parece un retrato de altos ingresos
Y aun si algunos vivieran ahora en bonanza, ¿por qué perderían su voto por ganar más? Deberíamos enorgullecernos de que hayan salido adelante empezando de cero y lejos de los suyos.
La verdad es una sola: como casi dos de cada tres peruanos que votaron en el exterior no eligieron a Juntos por el Perú, hay que quitarles el voto y proclamar a Sánchez. ¡Vaya izquierda antidemocrática! El voto del exterior le fue adverso y pesó; pero el problema de Sánchez no está en Madrid ni en Buenos Aires, sino en los Andes: en Cusco, Puno o Cajamarca –regiones de Castillo– no alcanzó la magnitud del 2021, la del sombrero original. De haberla igualado, ningún voto foráneo habría bastado para voltearla.
No caigamos en el juego de quienes alimentan la narrativa de que considerar los votos del exterior viola la “voluntad popular” y configura una suerte de fraude, en unas elecciones cuya idoneidad ya avalaron los observadores internacionales. Respetar ese voto no es generosidad: es cumplir la Constitución.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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