Sus informes finales por el caso “Mochasueldos” y el uso de recursos del Estado para su campaña política ya están listos para ser ejecutados, pero permanecen congelados en la agenda de la Mesa Directiva del Pleno sin una fecha fija para su votación.
A este bloque se suma el legislador de Perú Libre, Segundo Montalvo, quien arrastra una recomendación de 60 días de suspensión por difamación con canales del Congreso que tampoco ha sido priorizada en el debate diario.
El escenario real es este: si el Parlamento cierra sus sesiones esta semana sin someter los expedientes al voto, los cuatro procesados ingresarán limpios al receso de julio y agosto. En la práctica, este retraso en la programación les asegura un beneficio directo: mantener sus oficinas activas, cobrar sus sueldos completos de S/ 15,600 y llevarse la gratificación íntegra por Fiestas Patrias sin sufrir ninguna penalidad económica.
Para Martín Cabrera, consultor en Asuntos Parlamentarios y director de IPOC Consultores, el procedimiento de Ética no tiene ninguna prioridad reglamentaria en el Hemiciclo. “Lamentablemente, no existe prioridad reglamentaria para los informes de Ética. Que un informe se vote es una decisión de oportunidad política de la Mesa Directiva y de la Junta de Portavoces, no un mandato del Reglamento”, explicó a este Diario, confirmando que, si el Pleno no vota las suspensiones antes del miércoles, los investigados conservarán sus sueldos y su gratificación de Fiestas Patrias de forma íntegra.
Cabrera advirtió además que la ventana real para sancionarlos se cierra definitivamente esta semana: “La sanción se mide en días de legislatura. Cerrada la legislatura el 24 de junio, ya no hay días que descontar ni suspensión que ejecutar”, precisó, tras advertir que de cara al próximo Congreso Bicameral, los dictámenes pendientes no se trasladarán a las nuevas cámaras, sino que perderán su objeto y pasarán directo al archivo al concluir el mandato.
En esa misma línea, un especialista en temas parlamentarios consultado por este Diario detalló que el reglamento interno de la Comisión de Ética se ha desnaturalizado por su complejidad: “Parece un proceso penal. Vienen testigos, peritos, la parte acusada y la acusadora. Cada uno pide ampliación de plazo y esto se vuelve todo un proceso judicial”. Explicó que los plazos normativos resultan engorrosos, lo que facilita el uso de argucias —como licencias por viaje o certificados médicos— para dilatar las citaciones por meses debido a acuerdos políticos entre las bancadas.
“Hay un blindaje total. Se recuerda la famosa frase otorongo no come otorongo”, advirtió el experto, concluyendo que archivar los informes tras meses de trabajo genera gastos innecesarios al Congreso y deja en la ciudadanía una “percepción de impunidad total”.
Finalmente, Cabrera calificó de “tragicómico” el entrampamiento administrativo y sentenció: “El fondo es un problema de diseño institucional: cuando el órgano técnico recomienda, pero el órgano político decide la oportunidad, el calendario termina sancionando por inacción”.
El entrampamiento de estos expedientes en el Hemiciclo coincide con un cierre de funciones anticipado en las bases del Parlamento. El presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, confirmó que su grupo de trabajo se encuentra “de manos atadas” debido a que los plazos procesales para la presente legislatura ya están vencidos, imposibilitando la resolución de otros casos estancados en la comisión, como el de Kira Alcarráz —en etapa de indagación preliminar por la presuntamente agresión física y arrebato de celular a un fiscalizador del SAT en San Juan de Miraflores.
Kira Alcarraz negó agresión a fiscalizador del SAT
Asimismo, Vergara cuestionó directamente a la Mesa Directiva por postergar la programación de los casos listos: “Lamento que el Pleno no haya puesto a debate las sanciones de la Comisión de Ética, lo que habría manifestado una actitud de no avalar ese tipo de acciones”. Con este entrampamiento, el Legislativo hereda una carga de denuncias pendientes ante la transición al sistema bicameral.
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