Cada 15 de mayo, el Perú conmemora el Día Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE), un sector que representa más del 99% de las empresas del país y genera cerca del 85% del empleo privado. Sin embargo, detrás de esa enorme relevancia económica existe una realidad que el debate público no puede seguir ignorando: la informalidad laboral es el rasgo dominante de las MYPE.
Según cifras del INEI, alrededor del 70% de trabajadores peruanos se encuentra en la informalidad. En el caso de las microempresas, este porcentaje supera ampliamente el 80%. Esto significa millones de personas trabajando sin contrato, sin beneficios sociales y sin protección frente a contingencias.
La explicación del problema no puede reducirse únicamente a una supuesta falta de voluntad empresarial para cumplir la ley. El problema es estructural. El modelo laboral peruano ha sido diseñado pensando en empresas medianas o grandes, con capacidad administrativa y financiera para asumir costos regulatorios elevados. Cuando ese mismo esquema se aplica a pequeños negocios con márgenes mínimos y alta vulnerabilidad económica, se genera un descalce evidente.
Para muchas MYPE, la formalidad termina convirtiéndose en un “lujo”. Los costos laborales, tributarios y administrativos muchas veces superan la verdadera capacidad del negocio. En ese contexto, la informalidad surge como un mecanismo de supervivencia antes que como una decisión deliberada de incumplimiento.
Aquí aparece una de las mayores contradicciones del sistema laboral peruano: el Estado regula para proteger al trabajador formal, pero termina dejando sin protección a la mayoría que permanece en la informalidad.
El exceso de regulación no siempre genera más derechos efectivos. En muchos casos, produce el efecto contrario: expulsa trabajadores y empresas fuera del sistema formal. Además, las normas laborales frecuentemente no dialogan con la realidad empresarial peruana, marcada por baja productividad, limitado acceso al crédito y alta precariedad.
A ello se suma la falta de incentivos reales para formalizarse. Para miles de pequeños negocios, los beneficios de ingresar a la formalidad siguen siendo insuficientes frente a los costos inmediatos que implica cumplir con todas las obligaciones legales.
Cualquier nueva regulación laboral debería analizar no solo su intención protectora, sino también sus efectos reales sobre el empleo formal. Existe el riesgo de que medidas bien intencionadas terminen incrementando la informalidad si elevan aún más los costos de contratación.
El verdadero desafío no pasa únicamente por endurecer sanciones, sino por construir un marco laboral compatible con la realidad de las MYPE. Mientras ello no ocurra, seguiremos atrapados en una paradoja: un sistema diseñado para proteger trabajadores formales en un país donde la mayoría trabaja fuera de la formalidad.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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