El 1 de marzo del 2026, una fuga de líquidos de gas natural en el kilómetro 43 del sistema de Camisea, en Megantoni, Cusco, desencadenó la peor crisis energética del país en dos décadas.
Durante 13 días, el Perú operó sin su principal fuente de gas, las termoeléctricas quemaron diésel, industrias pararon, conductores de GNV hicieron cola durante horas, el Gobierno declaró estado de emergencia, empresas operaron desde casa, escuelas migraron a clases remotas. El costo de operación del sistema eléctrico subió casi cinco veces: de US$22,8 millones en los 14 días previos a la emergencia, a US$134,8 millones durante la crisis. El 2 de marzo, con el sistema al límite, hubo cortes programados para evitar un apagón general.
La causa exacta del evento aún se investiga. Las muestras metalográficas están bajo custodia de la fiscalía y serán analizadas en el exterior. TGP notificó la interrupción a inicios de marzo, pero no presentó el reporte técnico que el reglamento le exigía en los 15 días siguientes. Osinergmin le denegó la prórroga solicitada. La calificación de fuerza mayor, que determinaría en parte quién responde por los daños a los privados y si se abre un procedimiento sancionador, sigue pendiente.
Pero este no es solo un caso de posible falla técnica con consecuencias entre privados. Es un incumplimiento del contrato de concesión suscrito con el Estado, con consecuencias que van más allá de una multa regulatoria. Hace pocos días, Osinergmin determinó el incumplimiento del contrato de concesión y remitió los informes de fiscalización al Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de concedente, para que adopte las acciones que correspondan.
El numeral 5,8 del contrato establece que el sistema “deberá ser diseñado, construido, mantenido y operado para restringir paros no programados y proporcionar una disponibilidad del 99% para un año continuo”. Trece días de interrupción equivalen a 3,56% del año, más del triple del margen permitido. TGP podría argumentar que el 99% mide su capacidad de respuesta ante una falla, no la obligación de evitarla. Ese argumento no existe ni en el contrato ni en la lógica del sistema. Pero hay más: el mismo artículo exige que el sistema cuente con “suficiente capacidad de respaldo y redundancia para alcanzar la disponibilidad especificada”. No existe en el reglamento de transporte disposición alguna que permita paralizar operaciones un número de días sin sanción. El reglamento regula causales de interrupción, exige minimizarlas y sanciona las injustificadas.
Hay un problema adicional que el informe de Osinergmin al Congreso revela. El regulador verifica el cumplimiento de la obligación de redundancia y respaldo mediante un único indicador: el porcentaje de disponibilidad anual. Si el sistema llega al 99%, concluye que el respaldo existe y funciona. Solo mide el resultado pero –por más increíble que parezca– no verifica la redundancia. Esa metodología funcionó mientras las fallas del sistema se absorbían sin visibilidad pública. Esta vez no alcanzó.
Porque el sistema Camisea tiene una historia que pocos conocen. El ducto de líquidos ha fallado 13 veces desde el inicio de operaciones. Lo que cambió en marzo no fue la falla, sino su visibilidad. Durante años, el sistema absorbió los impactos trasladándolos a exportaciones y regalías, en particular a Perú LNG. Esta vez, la restricción fue suficientemente profunda para afectar a industriales, generadores y transporte. Lo que el país vivió en marzo no fue la primera falla del sistema. Fue la primera que la opinión pública conoció.
La regulación ya estableció que hubo incumplimiento del contrato por la ausencia de redundancia. La investigación determinará si hubo negligencia en el mantenimiento o si el evento califica como fuerza mayor. Son preguntas distintas. Pero hay una tercera que ningún gobierno ha respondido en veinte años: cómo es posible que 33 millones de personas dependan de un solo ducto sin mecanismo real de redundancia. Esa no es una pregunta técnica. Es una pregunta política. Y el próximo gobierno no tiene la opción de volver a ignorarla.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Deja una respuesta