A pesar de estar investigados preliminarmente por el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción en el caso ONPE, tres de los siete implicados se mantienen en funciones en la institución electoral, que pronto iniciará la organización de la segunda vuelta presidencial.
Se trata de la especialista en contrataciones Lilia Flores Bancho, representante de la Subgerencia de Logística; William García, asistente de Seguimiento y Monitoreo de Presupuesto; y Hilda Otoya Alvarado, asistente de Distribución 2 de la Subgerencia de Producción Electoral.
Los tres han permanecido en sus cargos incluso después de la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE y del inicio de la investigación preliminar que —según el fiscal Raúl Martínez— se abrió el mismo día de la votación, el 12 de abril, tras la revelación de presuntas irregularidades en el traslado de material electoral y los antecedentes de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C.
Este Diario se comunicó con los abogados Teodoro Ycochea y Jener Cáriga, representantes de Otoya Alvarado y Flores Bancho, respectivamente, quienes confirmaron que sus clientas se mantienen en sus puestos.
Ycochea afirmó que Otoya trabaja como locadora de servicios en la ONPE desde hace nueve años y que su contrato se renueva periódicamente. Por su parte, Cáriga aseguró que Flores —en una última comunicación— le indicó que continuaba en el organismo electoral.
—Funciones—
De acuerdo con la ONPE, el único funcionario que se mantiene suspendido es Juan Phang, quien permanecerá apartado de la institución durante todo el proceso administrativo disciplinario (PAD), cuya duración podría extenderse hasta un año.
Según la entidad, su caso se encuentra en la etapa de levantamiento de información, la cual tiene una duración aproximada de tres meses. Durante este proceso, el implicado cuenta con derecho de defensa, puede presentar medios probatorios e incluso apelar en la vía administrativa.
Esta situación difiere de la de William García. El funcionario —servidor CAS— no ha sido identificado como presunto responsable, debido a que, hasta la fecha, la Gerencia de Gestión Electoral a la que pertenece no ha remitido la información necesaria para determinar su eventual responsabilidad en los incumplimientos relacionados con el despacho de material electoral. En otras palabras, continuará en la institución mientras no existan indicios de una posible irregularidad de su parte durante la jornada electoral del 12 de abril.
En cuanto a Hilda Otoya y Lilia Flores, la ONPE precisó que ambas son locadoras de servicios y, en ese sentido, no les corresponde la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario, dado que su vínculo contractual es de naturaleza civil. Otoya, al igual que García, tampoco ha sido identificada como presunta responsable de los hechos que investiga la Fiscalía en torno a Piero Corvetto.
Finalmente, el fiscal Raúl Martínez —quien inicialmente estuvo a cargo del caso— señaló a este Diario que la investigación preliminar se inició el 12 de abril de este año, fecha en la que se detectaron las presuntas irregularidades en la entrega de material electoral.
—Las funciones de cada implicado en el caso—
Según la Fiscalía, Corvetto —en su condición de máxima autoridad— Piero Corvetto habría desplegado diversos actos desde la aprobación del lineamiento de contratación de bienes y servicios, que fueron aprobados a través de la Resolución Jefatural Nro. 000002-2026-JN/ONPE del 9 de enero de 2026, suscrita por el exjefe de la entidad electoral investigado.
En su calidad de jefe de la ONPE habría nombrado a funcionarios como José Samamé, gerente de gestión electoral, sin que tenga experiencia para el cargo. Asimismo, permitió que se designe a Juan Phang como subgerente de la Producción Electoral, que conllevó a que formularan y suscribieran los servicios N° 000970 y 000980, los Términos de Referencia y establecieran los factores de evaluación, con condiciones que no eran objetivas ni justificadas, “generando ventajas indebidas que finalmente favorecieron a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C”.
De acuerdo con la Fiscalía, ello habría configurado aparentes direccionamiento en el proceso de contratación
Sobre Samamé, el Ministerio Público señala que fue partícipe en la formulación del pedido del servicio de traslado de material electoral, realizado desde la Gerencia de Gestión Electoral.
En su condición de gerente, Samamé designó a Juan Antonio Phang como subgerente de Producción Electoral. La Fiscalía sostiene que la incidencia directa vinculada a Samamé y Phang —quienes respondían, por su cargo funcional, a Corvetto— evidenciaría un esquema orientado a concentrar la toma de decisiones en determinados funcionarios y a impedir su revisión, lo que resultaría funcional a una concertación con un postor previamente determinado.
Asimismo, precisa que la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE —cuando estaba a cargo de Samamé— habría promovido la modificación del Cuadro Multianual de Necesidades, aprobado el 19 de enero de 2026 por un monto de S/ 8’950,000.00.
Según el Ministerio Público, estuvo a cargo de la elaboración de las bases de selección para la contratación del servicio de transporte de material electoral. En ese contexto, habría concertado con el proveedor Juan Charls Alvarado, de la empresa Galaga, para favorecerlo en la obtención de la buena pro, flexibilizando los términos de referencia (TDR) a su favor para la prestación del servicio en las elecciones de 2026.
También, durante la fase de ejecución, habría otorgado conformidad al servicio.
William García Velásquez, asistente de Seguimiento y Monitoreo Presupuesto, de la Gerencia de Gestión Electoral
Según el documento fiscal, García Velásquez habría tenido participación directa en la evaluación técnica de las propuestas económicas, así como en la aplicación de un criterio de cálculo que terminó favoreciendo a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C.
El requerimiento fiscal precisa que participó en la certificación de la presentación de propuestas económicas, documento en el que también intervino Lilia Flores Bancho, representante de la Subgerencia de Logística. Según el Ministerio Público, en dicho documento se incluyó la aplicación de un criterio de cálculo que descontaba los metros correspondientes a la cabina del vehículo.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó una conversación entre García Velásquez y Phang Sánchez, en la que el primero le dice al segundo: “Ganó Gálaga, a pesar de que AFE presentó una oferta de (…). La propuesta técnica pesó más a favor de Gálaga”. Phang respondió: “Bien, gordito. Que notifique. Buen trabajo”.
El Ministerio Público indica que la participación de Otoya está en la elaboración, tramitación y gestión de servicios. Ella se habría encargado de determinar la relación de conductores, placas y personal para culminar el despacho de material electoral y equipos de cómputos.
También, que habría concertado con el proveedor Juan Charles Alvarado Cuyo, gerente de la empresa Galaga para que esta empresa se vea beneficiada en el servicio de transporte.
Agregó que dicho acto o conducta involucra a otros funcionarios de la ONPE y en ese contexto se cuenta con elementos indiciarios que permiten observar cómo favoreció a dicha empresa desprendiéndose un favorecimiento previa concertación.
Según la Fiscalía, fue designada para participar en el procedimiento de selección del servicio de transporte que hemos mencionado, la cual consistió en realizar la comparación de propuestas.
Su actuación relevante es en la toma de un criterio en la evaluación técnica donde sin justificación documental en contra de los Términos De Referencia, era para favorecer a la empresa Galaga SAC.
En ese sentido, resulta indispensable que también se le debe considerar cierta posibilidad de fuga de dicha investigada que tiene un contrato CAS que constituye una circunstancia relevante al momento de evaluar la solidez actual de dicho arraigo.
De acuerdo con la Fiscalía, ella fue designada del 1 de marzo al 30 de abril del 2026.
—»Deberían renunciar a sus cargos»—
Sobre el tema, el experto en temas electoral Fernando Rodríguez Patrón consideró que los implicados en las investigaciones deberían dar un paso al costado como lo hizo en su momento Piero Corvetto, con el propósito de no restarle la credibilidad electoral de cara a la segunda vuelta electoral.
“¿Qué es lo que genera eso? Esto le sigue restando credibilidad a la institución porque se le han cuestionado al propio responsable de la institución”, refirió.
Agregó que lo que revela las investigaciones del Ministerio Público es que los problemas continúan en la ONPE. “Son temas de personas. Si siguen ahí, el mismo tufillo de ineficiencia sigue en la institución”, añadió.
“Estas personas no están haciendo ninguna función relevante para el proceso. Deberían salir”, finalizó.
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