Una de las primeras medidas del gobierno de Keiko Fujimori será pedir facultades legislativas al Congreso por 120 días. Si bien en su mensaje a la nación la mandataria mencionó temas prioritarios como la inseguridad ciudadana o el fenómeno de El Niño, el borrador del proyecto de ley que luego se hizo público –ya reconocido por miembros del Ejecutivo– plantea una ambiciosa reforma estatal que incluye hasta cinco materias.
Una de las primeras medidas del gobierno de Keiko Fujimori será pedir facultades legislativas al Congreso por 120 días. Si bien en su mensaje a la nación la mandataria mencionó temas prioritarios como la inseguridad ciudadana o el fenómeno de El Niño, el borrador del proyecto de ley que luego se hizo público –ya reconocido por miembros del Ejecutivo– plantea una ambiciosa reforma estatal que incluye hasta cinco materias.
En líneas generales, estas son la lucha contra la criminalidad y el fortalecimiento del sistema penitenciario; la promoción y protección de los emprendedores y las micro y pequeñas empresas, y el fomento de la formalización; la promoción del empleo y la protección social –incluida la modificación y reducción de los feriados no laborables–; el desarrollo productivo y la innovación; así como la simplificación administrativa, la desregulación y la eliminación de barreras burocráticas.
Todas las materias son relevantes, pero queremos hacer especial énfasis en la simplificación administrativa, un problema que golpea al ciudadano y a las micro y pequeñas empresas, sobre todo por la maraña de trabas burocráticas, costos y el tiempo que las personas pierden.
El proyecto plantea autorizar al Ejecutivo a modificar y emitir normas sobre los procedimientos administrativos, a estandarizar y digitalizar trámites, a fusionar o eliminar procedimientos y servicios exclusivos y, sobre todo, a reducir plazos, costos y cargas burocráticas ligadas con actividades económicas, comerciales, ambientales, productivas y de prestación de servicios. En el Perú, donde abrir un negocio, sanear una propiedad o gestionar una licencia puede tomar varios meses en un tedioso recorrido a través de diferentes instituciones y trámites muchas veces contradictorios, es esencial lograr una mejora sustancial en esos aspectos.
Además, se propone revisar el régimen de tasas y otros cobros que las entidades públicas de los tres niveles de gobierno piden por sus servicios, con la intención de asegurar la racionalidad y proporcionalidad de los cobros. Esto también es fundamental con el fin de que el Estado sea más eficiente y coherente.
La simplificación administrativa no es una novedad. Ya antes se ha avanzado normativamente, pero es urgente una reforma que apunte a una mayor eficiencia y que piense en la ciudadanía. Por esto mismo, una vez que el proyecto aprobado por el gobierno de Keiko Fujimori llegue al Congreso, debe discutirse sin perder de vista al principal afectado por la enrevesada burocracia existente. El principio de la delegación de facultades al Ejecutivo es la simplificación de pasos para legislar, pero esta vía solo se justifica si logra su objetivo y no solo se convierte en un proceso más rápido entre ambos poderes. Estará en manos del Parlamento y luego del gobierno cumplir esa lógica en clave ciudadana. Solo así se romperá de verdad la barrera que hoy separa al Estado de aquellos a los que tiene el compromiso de servir.











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