El proceso es por su presunta relación con una menor de edad con quien supuestamente tuvo una hija cuando era presidente.
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El juicio se instaló el lunes en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Sin embargo, Morales no se presentó y fue declarado en rebeldía. Además, la jueza Rosmery Ruiz dijo que se ratificó la vigencia de la orden de aprehensión y arraigo contra el exmandatario.
Los abogados del expresidente habían adelantado que no asistirá al juicio “porque no fue notificado siguiendo los procedimientos”.
Foto de archivo del 19 de febrero de 2026 que muestra al expresidente de Bolivia Evo Morales durante un evento público en Chimoré. (EFE/ Jorge Abrego / ARCHIVO).
También aseguraron que el caso ya fue tratado y resuelto el en 2020, por lo que el expresidente no debería ser procesado nuevamente. Igualmente, afirmaron que “no hay víctima” y que la acusación en su contra tiene una finalidad “política”.
Desde octubre del 2024, Evo Morales permanece refugiado en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical. En su momento, la policía no pudo ejecutar una orden de captura en su contra porque sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días para impedir el ingreso de los agentes.
Wilfredo Chávez, uno de los abogados defensores Morales, dijo la semana pasada que el inicio del juicio responde a “una persecución política que surge en un momento en el que existen condiciones deplorables en el país, sobre todo a nivel económico, y conflictos en las calles”. Agregó que se busca “desviar la atención” de las protestas sindicales de las últimas semanas contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz.
El caso contra Evo Morales
La policía de Bolivia vigila durante el inicio del juicio contra el expresidente Evo Morales en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. (EFE/ STR).
La Fiscalía acusa a Morales de haber mantenido una relación con una menor de edad (identificada como Cindy Saraí V. P.) en el 2015, cuando ella tenía 15 años, y producto de la cual supuestamente nació una hija en el 2016 mientras él era presidente.
De acuerdo con la Fiscalía, el entorno del entonces presidente habría facilitado el vínculo mediante la llamada Guardia Juvenil Presidencial, integrada por jóvenes afines al oficialismo y vinculada políticamente al MAS.
Según el discurso oficial de la época, la Guardia Juvenil Presidencial tenía funciones simbólicas y políticas: acompañar actos públicos del presidente, participar en movilizaciones, reforzar actividades protocolares y promover la formación política de jóvenes militantes del MAS. Sus integrantes solían aparecer en eventos oficiales, recepciones y actividades de Morales vestidos con uniformes similares a los militares.
Además, los fiscales aseguran haber reunido más de 170 pruebas de cargo para sustentar la acusación contra Morales.
Si Evo Morales es declarado culpable por el delito de trata agravada de personas, podría enfrentar una condena de entre 15 y 20 años de prisión, según establece el artículo 281 bis del Código Penal boliviano cuando la víctima es menor de edad.
Además de la acusación por trata agravada, en distintas etapas de la investigación también se mencionaron posibles delitos vinculados al estupro, aunque el juicio actual está centrado en la causa de trata agravada de personas.
¿Qué dijo y dónde está la presunta víctima?
El expresidente de Bolivia Evo Morales participa en una marcha de protesta el 25 de agosto de 2022. (Foto de Aizar RALDES / AFP).
/ AIZAR RALDES
El caso judicial contra Evo Morales no se inició por una denuncia directa de la presunta víctima, sino que fue impulsado por la Fiscalía Departamental de Tarija en setiembre del 2024, tras conocerse públicamente la supuesta existencia de una relación entre el exmandatario y una adolescente cuando este ejercía el poder.
Las primeras revelaciones surgieron en el 2020, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, cuando el entonces ministro de Gobierno Arturo Murillo denunció públicamente que Morales habría mantenido una relación con una menor. La autoridad presentó documentos, entre ellos un certificado de nacimiento de una hija atribuida al exmandatario. A partir de ello, la Fiscalía abrió una investigación por presuntos delitos vinculados al estupro.
Inicialmente, la investigación enfrentó dificultades porque la menor y su familia negaron públicamente haber sido víctimas de algún delito. En declaraciones difundidas en Bolivia, la joven sostuvo que mantenía una relación “consentida” con Morales y denunció presiones políticas alrededor del caso.
Con el paso del tiempo, la Fiscalía reformuló la investigación bajo el delito de trata agravada de personas. Argumentó que, aun cuando existiera consentimiento, la ley boliviana considera agravante el hecho de que la presunta víctima fuera menor de edad y que hubiera existido un supuesto mecanismo de captación mediante la llamada Guardia Juvenil Presidencial.
En el proceso también fue incluida como coacusada la madre de la joven, bajo la hipótesis de que habría facilitado la relación con Morales.
En el 2025, la presunta víctima, su madre y la hija nacida de esa relación obtuvieron refugio en Argentina, según las autoridades bolivianas.
«El declive político de Evo Morales ya es irreversible»
El expresidente de Bolivia Evo Morales gesticula durante una reunión previa a la votación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Villa 14 de Septiembre, región de Chapare, el 19 de octubre de 2025. (Foto de ERNESTO BENAVIDES / AFP).
/ ERNESTO BENAVIDES
El analista político boliviano Ricardo Calla Ortega consideró que el peso político de Evo Morales atraviesa uno de sus momentos más bajos desde que dejó el poder en 2019. Aunque todavía conserva capacidad de movilización sindical en regiones específicas del país, sostuvo que su influencia electoral se encuentra profundamente deteriorada y que su declive político “ya es irreversible”.
“Seguramente políticamente tiene ya una presencia electoral muy disminuida. No creo que su apoyo pase más allá de un 7% a 10%, quizá un 12% en el mejor de los casos”, afirmó Calla Ortega a El Comercio. A su juicio, Morales ha quedado “muy mermado” y prácticamente excluido de la influencia política boliviana.
Sin embargo, el analista advirtió que el debilitamiento electoral no significa la desaparición de su poder territorial y sindical. Según explicó, el exmandatario todavía mantiene influencia sobre organizaciones campesinas y cocaleras asentadas principalmente en Cochabamba, Oruro y La Paz, y especialmente en la región del Chapare, bastión histórico del evismo.
“Evo Morales conserva capacidad de movilización en rutas y calles de Bolivia a través de las redes sindicales campesinas”, señaló. Calla relacionó al evismo con los bloqueos que actualmente afectan las carreteras entre La Paz, Oruro y Cochabamba, aunque aclaró que Morales no sería el único actor detrás de la convulsión social.
Calla Ortega aseguró que detrás de las protestas también operan intereses vinculados al narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal, sectores que —según dijo— buscan debilitar al gobierno del presidente Rodrigo Paz. “Hay una dinámica de múltiples actores contra el gobierno y Evo Morales es solo uno de ellos. No diría que es el más importante”, sostuvo.
Respecto al juicio oral, el analista consideró que el escenario judicial agrava todavía más la situación política del exmandatario. Recordó que Morales fue declarado en rebeldía tras no presentarse a la audiencia y advirtió que ahora podría ser detenido en cualquier momento.
“Pareciera que Evo Morales está muy complicado y desesperado, inclusive intentando generar tensión principalmente en Cochabamba para contrarrestar esta arremetida judicial”, afirmó.
Para Calla Ortega, la ausencia de Morales en el inicio del juicio representa además un grave error político y jurídico. “No haberse presentado es un problema muy serio. Poco menos que parece una declaración de culpa porque está omitiendo la función legal de defenderse y presentar pruebas de descargo”, dijo.
El analista también sostuvo que la imagen pública del exmandatario ha sufrido un deterioro severo en Bolivia debido a las acusaciones relacionadas con abuso de menores. Según explicó, la mayoría de la población rechaza la narrativa de persecución política impulsada por la defensa de Morales.
“La gran mayoría de la población piensa que Evo Morales es culpable. Las encuestas muestran que entre un 80% y 90% de los bolivianos consideran que es responsable de pedofilia, estupro o abuso de menores”, afirmó.
Pese a ello, señaló que el gobierno de Rodrigo Paz ha evitado mostrarse como impulsor de una persecución política contra Morales y ha optado por mantener distancia del proceso judicial. “El gobierno ha dejado que el sistema de justicia avance con sus propios ritmos y procedimientos”, explicó.
Aun así, consideró que el panorama para el líder cocalero es cada vez más adverso. “Su desgaste político es muy profundo. Evo Morales todavía conserva influencia sindical, pero ya no tiene la capacidad de ordenar el escenario nacional como antes”, concluyó.
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