En la mañana del 11 de julio del 2024, los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) escucharon a Piero Corvetto explicar las razones por las que debía continuar como jefe de la ONPE, un cargo que ejercía desde el 2020. Para ello, la JNJ debía revertir una decisión anterior de no ratificarlo tras una votación con cuatro votos a favor y uno en contra. Eran necesarias cinco aprobaciones. Corvetto perdió porque estuvieron ausentes dos miembros –Inés Tello y Aldo Vásquez–, inhabilitados por el Congreso. Sin embargo, cuando se vio la reconsideración, ambos habían vuelto por una decisión del Poder Judicial y estaban listos para apoyarlo. En la audiencia, tomó la palabra quien había votado negativamente, Marco Tulio Falconí. Preguntó por qué la ONPE tenía baja credibilidad según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Solo el 20% de la población confiaba en su labor.
—Existen dos grandes lógicas para evaluar a un organismo electoral —comenzó Corvetto—. La primera es la de los especialistas.
Corvetto se refería a quienes manejan los estándares internacionales. Sostuvo que, en ese ámbito, la ONPE estaba altamente considerada. Dijo que, en el 2023, el Reporte Global de Integridad Electoral –un prestigiado referente– colocaba al Perú en el séptimo puesto de los 30 mejores.
Pero una revisión del reporte indica que Corvetto no fue exacto: el Perú estaba séptimo en las Américas. En el continente nos llevaban la delantera Uruguay, Canadá, Chile, Panamá, Costa Rica y Brasil, en ese orden. Y en el resto de regiones, otros 36 países, 23 de ellos europeos. Lo cierto era que ocupábamos el puesto 43 en el mundo.
Luego, Corvetto mencionó otra consideración para evaluar a un organismo electoral: la confianza de la población. Advirtió que, en el Perú, el Estado no estaba conectado con la gente y que, por ello, había desconfianza hacia su institucionalidad en cualquiera de sus formas. Pese a lo cual –aseguró– los tres organismos electorales estaban entre las cinco instituciones públicas con mayor credibilidad, según encuestas disponibles. Aludió a un informe de Apoyo, de marzo del 2024, que consideraba la percepción ciudadana de la ONPE entre buena y muy buena. Finalmente, remató:
—Pero es innegable, doctor Falconí, que la ONPE ha sido golpeada por los bulos de las elecciones del 2020 y 2021.
¿Por qué retroceder hasta esta audiencia para entender mejor la crisis actual del organismo? Porque la JNJ subestimó la poca confianza ciudadana en la ONPE cuando decidió ratificar a Corvetto. No he encontrado las encuestas que él citó ante la JNJ (incluso las pedí a la ONPE, sin éxito). Lo que existe es un estudio sobre el nivel de confianza en las instituciones del INEI en el 2023: la primera, el Reniec, tenía 48,5%. Los últimos eran los partidos políticos, con el 3,1%. La ONPE exhibía 18,1%, después de la Iglesia Católica, el Ministerio de Educación, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo.
En la resolución que lo ratifica, la JNJ dijo que resultaban atendibles las aseveraciones de Corvetto en el sentido de que la desconfianza hacia la ONPE era parte del mismo sentimiento que los ciudadanos tenían contra la institucionalidad estatal y que, al fin y al cabo, resultaba aceptable su séptimo puesto. Falconí volvió a votar en contra, resultando la votación 6 a 1 a favor de la continuidad de Corvetto. Además, dejó constancia de que el impugnante no había objetado las cifras del INEI.
En realidad, la ONPE se ha mantenido en media tabla desde el 2017, cuando el INEI comenzó a hacer sus estudios de percepción de las instituciones. Allí estuvo hasta la crisis de este año. Aun admitiendo que la JNJ se conformara con ese nivel de confianza, para ratificar a Corvetto debió exigir un plan que elevara sustantivamente el aprecio ciudadano. No lo hizo porque lo consideró un problema secundario. También lo padece el JNE, cuya estimación desde hace varios años está por debajo de la de la ONPE. En noviembre del 2024, debido al sistema de rotación previsto entre los vocales de la Corte Suprema, Roberto Burneo reemplazó al intransigente Jorge Salas Arenas –no permitió la revisión de las actas de votación en el 2021–, sin que el nivel de aprobación aumentara.
El plan de recuperación de confianza no debía limitarse a contrarrestar bulos, sino orientarse hacia mejoras sobresalientes. Sobre todo, si Fuerza Popular, el partido cuya candidata había disputado la segunda vuelta en tres ocasiones, pidió rechazar la ratificación de Corvetto en una carta a la JNJ. Señaló supuestas irregularidades –entre ellas, un uso arbitrario del poder sancionador– que no fueron suficientemente investigadas. Por entonces, todo lo que objetara la actuación de los organismos electorales era considerado parte del “fraudismo”, atribuido principalmente a Keiko Fujimori. El antifujimorismo defendió a Corvetto. No es deseable una situación en la que el árbitro es aclamado por unos y rechazado por otros.
Volviendo a la entrevista a Corvetto del 2024, el momento más importante fue la intervención del presidente de la JNJ, Antonio de la Haza. Anunció una pregunta basada en su exposición oral y su plan de trabajo. “Diera la impresión –añadió– que, en el supuesto de que los miembros del pleno tomaran la decisión de que usted continuase, no habría mayor cambio en la manera de gestionar o mejorar el proceso electoral. ¿Cuál sería la gran diferencia para las elecciones que se avecinan? ¿Cuál sería el aporte esencial que deberíamos tomar en cuenta?”.
Gran pregunta. Corvetto la respondió con elocuencia, vendiendo el sueño de una ONPE digital. Afirmó que habría un nuevo sistema de cómputo, firmas electrónicas, sistemas auditados. La tecnología lograría que el ciudadano tuviera una experiencia gratificante el día en que fuera a votar. Habría menos actas observadas y resultados más rápidos. Hay que suponer que De la Haza quedó completamente convencido porque él fue el ponente de la resolución que ratificó al recurrente. En su voto singular, Falconí remarcó que el plan original de Corvetto no había incluido mayores cambios para el nuevo período.
El contraste entre lo que prometió Corvetto y lo que ocurrió en Lima el 12 de abril es difícil de superar. Ahora se sabe que fueron precisamente las deficiencias en la parte informática las que ocasionaron que todo el traslado del material electoral demorara ostensiblemente. Nunca pudo implementarse la elección digital en los lugares de sufragio, tampoco la votación electrónica remota para sectores específicos de la población. El JNE y la ONPE no se pusieron de acuerdo sobre la seguridad del mecanismo. Ni siquiera pudo funcionar el STAE, la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio, una herramienta que, mediante el uso de equipos de cómputo y un software especial, agiliza el llenado de actas electorales y disminuye el margen de error. Las computadoras se compraron, pero el método nunca fue probado. No habrá STAE en la segunda vuelta.
Han fallado no solamente la ONPE y su jefatura. Cuando acabe el excesivo espectáculo de la investigación a Corvetto, a cargo de la policía y un fiscal, y probablemente se demuestre que en las irregularidades hubo delito, el sistema completo debiera ser reorganizado. En la presentación de Corvetto, los miembros de la JNJ –los supervisores– hicieron preguntas inocentes, propias de personas que no tienen idea de las complejidades de la gestión que se hallaban evaluando. El hombre los engatusó (aunque ellos se morían por ratificarlo). Habría que considerar si el JNE y la ONPE debieran fundirse en un solo organismo, con un sistema de fiscalización de alto nivel. Otra reforma más para el menú.
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