En mis más de 60 años de periodista, he sido fiel a mi convicción de que hay que defender a las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su misión y hay que oponerse a su intervención en la toma del poder político por la fuerza, asumiendo el gobierno.
Me opuse a los 12 años del gobierno militar, en su primera y en su segunda fase, hasta el punto de sufrir deportación a Buenos Aires por Juan Velasco, por escribir en el semanario “Opinión Libre” (debo ser un sobreviviente de los defensores de la libertad de prensa que están en la placa debajo del monumento al canillita en Miraflores).
Ello, no obstante, cultivé años después una sólida amistad con el general Francisco Morales Bermúdez, con quien he publicado libros de entrevistas. Él me decía que su doctrina frente a las Fuerzas Armadas es de férrea oposición a que den golpes de Estado, porque cuando los militares se politizan dividen al Ejército en dos grupos, de izquierdas y de derechas, y porque, cuando dejan el poder, muchos van a la cárcel por culpa de los caviares. A pesar de ello, ya cercano a los 100 años de edad, frente al presidente Pedro Castillo, pensaba si se habría equivocado y nos preguntaba a dos o tres periodistas amigos si las Fuerzas Armadas podrían dar un golpe de Estado para poner a un civil de presidente y quitarse de en medio. Era un querer y no querer, la cuadratura del círculo.
Hay que reconocer que, en la última década, la tentación de un golpe de Estado debe haber estado constantemente en la cabeza de los militares. No lo dieron. El resultado no ha sido un gobierno democrático que respetara a rajatabla el Estado de derecho, sino un caos gubernativo que pasa a las páginas de la historia republicana con los peores adjetivos. Lo único que ha andado bien ha sido la política monetaria, gracias al cambio anunciado en el discurso del primer ministro y ministro de Economía Juan Carlos Hurtado Miller, el 8 de agosto de 1990, a los artículos constitucionales sobre la política monetaria y al cumplimiento estricto de Julio Velarde, a la cabeza del Banco Central de Reserva del Perú, de no prestarle dinero al gobierno de turno y al buen manejo de la política monetaria.
La lección que se obtiene de esta nueva realidad política peruana es que los militares están cumpliendo su misión de no intervenir en el gobierno político, pero los civiles estamos hasta las patas, dicho vulgarmente. Leyendo la magnífica entrevista a Aldo Mariátegui en la última edición dominical de “El Comercio”, encontré un certero análisis de la realidad monda y lironda del desafío del próximo 7 de junio: la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Si gana Keiko Fujimori, tendremos un lustro de gobierno tranquilo y eficiente. De lo contrario, viviremos de salto en sobresalto con Roberto Sánchez, con un equipo de piratas en el Gabinete Ministerial y la sociedad civil en permanente sufrimiento. Las Fuerzas Armadas no van a intervenir. Mejor para ellas.
Tengo que añadir, a favor de las organizaciones empresariales privadas del país, que han elaborado un excelente plan quinquenal de gobierno, “Arranquemos Ahora Perú, propuestas para un futuro productivo”, sin duda una guía para el próximo gobierno, si gana Keiko Fujimori, y una frustración más para el sector empresarial privado, si ella pierde.
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