Los comicios del 2026 han significado, una vez más, la extensión de la crisis general que atraviesa el país. La mayoría relativa puso a dos candidatos dañinos en la segunda vuelta electoral: la lideresa de Fuerza Popular, cuya bancada ha legislado para intereses particulares y obstruido las labores policiales y judiciales con las coloquialmente denominadas “leyes procrimen”, y un fraudulento sanborjino que, con su sombrero recién comprado, atrae el voto rural identitario, a la par que pacta con el fascismo etnocacerista y legisla a favor de la minería ilegal.
El ciclo se repite y al peruano le sobrarán los señalamientos para encontrar a los culpables: que los pobres, que los pitucos, que los fujimoristas, los rojos, los naranjas, los rosados, los turquesas; todos son culpables menos uno mismo, según todos, así que nadie lo es. Realizan un esfuerzo por buscar enemigos y terminan reproduciendo los mismos problemas que dividen a los ciudadanos bajo pugnas de poder entre quienes solo los conciben como números útiles.
Nadie es responsable de nada en este país. Y cuando no estamos odiando al otro por creer que nos odia más a nosotros, les echamos la culpa a los políticos. “¡Esos corruptos!”, señalamos con el mismo dedo que rebuscó entre los billetes para evitar la multa del policía. “¡Se creen vivos!”, vociferamos tras saltarnos la cola de espera. “¡Sinvergüenzas!”, dijo el señor que aprovechó la acera para vaciar sus bolsillos de esos desechos molestos. El Perú necesita un mayor nivel de conciencia política y ciudadana. Hay que saber verse la cara y reconocer que no todos los problemas son las autoridades: también lo son quienes las eligen.
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