El Perú insiste en combatir la minería ilegal mirando donde menos importa: el socavón. Mientras el Estado dispersa esfuerzos persiguiendo a miles de pequeños mineros, el verdadero negocio sigue operando casi intacto.
El Perú insiste en combatir la minería ilegal mirando donde menos importa: el socavón. Mientras el Estado dispersa esfuerzos persiguiendo a miles de pequeños mineros, el verdadero negocio sigue operando casi intacto.
Las cifras lo dicen todo. Incluso después de depurar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), quedan decenas de miles de operaciones que, en la práctica, son imposibles de fiscalizar. Pretender controlarlas una por una no es solo ineficiente: es una estrategia condenada al fracaso.
El problema no está en la mina. Está en lo que ocurre después, en la planta de beneficio.
El mineral que sale de la tierra no tiene valor hasta que pasa por una planta de beneficio. Es ahí donde se procesa, se concentra y se vuelve comercializable. Es ahí, también, donde confluyen minerales de origen formal, informal e ilegal. En otras palabras, es el verdadero punto de control del sistema. Sin embargo, la política pública sigue ignorando este cuello de botella.
Aplicar un enfoque inteligente no requiere más recursos, sino un mejor enfoque. El principio de Pareto es claro: una minoría de plantas grandes (registradas oficialmente y de Reinfo) concentra la mayor parte del procesamiento de terceros. Fiscalizar ese grupo reducido permitiría transparentar gran parte del mercado sin necesidad de desplegar al Estado en todo el territorio. Calculo que fiscalizando menos de 200 plantas estaremos cubriendo más del 80% de la producción.
A esto se suma una medida evidente: eliminar las transacciones en efectivo. Mientras el dinero circule sin trazabilidad, cualquier intento de control será parcial. La tecnología para hacerlo ya existe y está al alcance incluso de los negocios más pequeños con las billeteras digitales.
Pero el problema no es solo de eficiencia, sino también de equidad. Hoy, miles de pequeños mineros dependen de un puñado de compradores que concentran el poder de mercado. Esa asimetría se traduce en pagos injustos y condiciones desventajosas para los mineros pequeños que permanecen invisibles.
Fiscalizar las plantas no solo ayudaría a combatir la ilegalidad, sino también a transparentar estas relaciones y hacer algo para corregir abusos.
El Perú lleva años luchando contra la minería ilegal sin entender su lógica económica. Perseguir a los actores más débiles es políticamente visible, pero estratégicamente inútil.
Si se quieren resultados reales, hay que dejar de mirar la mina y empezar a seguir el mineral.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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