Actualmente, el Perú resalta por el exceso de los denominados costos laborales no salariales, lo que lo posiciona como el país más caro para contratar en América Latina: formalizar a un trabajador puede costarle a una empresa hasta 71,7% adicional sobre su salario, frente a un 37,9% en Chile, uno de los porcentajes más bajos de la región, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo.
La legislación peruana obliga al empleador a asumir gratificaciones, CTS, vacaciones pagadas, aporte a Essalud, seguro de vida, asignación familiar y, en ciertos casos, indemnización por despido. Estos beneficios protegen al trabajador, pero encarecen la contratación, sobre todo para las micro y pequeñas empresas, que representan más del 95% de las empresas del país. En un contexto de baja productividad e informalidad superior al 70%, este costo desincentiva la creación de empleo formal y ahonda la informalidad.
Ahora bien, es importante hacer énfasis en el costo laboral por bien producido, el cual relaciona el costo de emplear con la cantidad de bienes o servicios que el trabajador produce. En ese sentido, una solución viable es aumentar la productividad. De este modo, si bien un trabajador no solo cuesta lo que gana, sino también todo aquello que la legislación obliga a pagar además de su salario, reducir los beneficios laborales sin elevar la productividad sería una solución incompleta que trasladaría el costo del problema a los propios trabajadores.
El mensaje es evidente: en el corto plazo, la meta debe ser reducir los costos laborales no salariales sin perjuicio de la protección social, en un contexto de informalidad superior al 70%; en el mediano y largo plazo, la respuesta sería elevar la productividad mediante capacitación técnica ligada a cadenas productivas y mayor acceso a crédito y tecnología para la mype. No es casualidad que los países desarrollados, con mayores costos laborales por trabajador, sean más competitivos: su alta productividad les permite tener menores costos laborales unitarios
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