En su primera aparición pública como ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ha presentado los dos pilares de su gestión: elevar la productividad y avanzar en inclusión social. El orden no me parece casual. Produzco, luego incluyo. La premisa, hay que subrayarla, es mantener una economía de mercado. La novedad es que no hay voluntad de seguir en modo de piloto automático, pues se ha puesto a la informalidad en el centro de las reformas. Dado los nombramientos en los puestos claves y las comisiones presidenciales que acompañan, todo parece indicar que la tecnocracia ha vuelto a tomar el volante del país. Lo que está por verse es si han aprendido a conducir.
Recordemos que la profundización de la informalidad fue el resultado de las reformas tecnocráticas del primer fujimorismo. No es que antes del shock habíamos sido una sociedad nórdica, pero la desregulación de los mercados elevó la economía informal a niveles, hasta ahora, irreversibles. Suelo contar esta confesión de un diseñador de aquel ajuste: “Teníamos que elegir entre una fila de personas del largo de una cuadra para que suban a un Enatru o una fila de combis del largo de una cuadra para que suba una persona. Optamos por lo segundo con la esperanza de que se enmendaría después”. Las ansiadas reformas de segunda generación nunca vieron la luz y nos hemos quedado con un modelo económico perverso, que perpetúa la desigualdad. Nuestra economía crece a niveles por debajo de su potencial, por lo tanto, la pobreza no disminuye como se esperaría, ni siquiera a estándares pre-COVID-19. La informalidad laboral se mantiene alta, con lo cual no llegaremos a la meta de productividad en el largo plazo. Pero esa misma informalidad produce mayor flexibilidad y absorción laboral en el corto. Es antídoto y veneno. Entonces, ¿cómo salir de la trampa?
A diferencia de muchos de sus antecesores, Cuba sabe que se requiere poner la economía y la política a dialogar. Su pedagógico y reciente libro “Perú: el desarrollo esquivo” (Aguilar 2026) es un análisis de las sintonías, desavenencias y silencios entre aquellas a lo largo de doscientos años de república. No se puede negar que hoy, en el ministerio de jirón Junín, hay consciencia del reto que enfrentamos. Casualmente, en este nuevo capítulo de la historia económica, le tocará al autor pasar a protagonista, de lo que él denomina una “crisis de crecimiento a tasas bajas”. Aunque ello no se resuelva con un ajuste en los márgenes, como suele mandar la práctica profesional del economista.
La informalidad es un fenómeno multidimensional. Solo a nivel económico implica el ámbito laboral y tributario. Se expande a otras esferas de la vida cotidiana como la política y la social. No deberíamos entenderla como determinante cultural, como sostienen algunos, sino como el resultado de una racionalidad individual sin institucionalidad. Para realizar una acción, los individuos forman sus preferencias dentro de un marco institucional, evaluando costos y beneficios de sus probables rutas de comportamiento. Al final eligen, la más beneficiosa. En el Perú, en un contexto en que las reglas de mercado se expandieron paralelamente a los derechos civiles y políticos, el mismo marco institucional es materia de evaluación, pues la formación de preferencias incluye rutas de comportamiento dentro y fuera de dicho encuadre. Así la racionalidad económica se propagó hacia la política y la sociedad, haciendo de las instituciones estatales y de la confianza interpersonal objetos también de negociación. A continuación, lo sustentaré en lenguaje para economistas.
Cuba explicó el ordenamiento de feriados como un óptimo paretiano: mover los festivos oficiales al viernes o lunes, y todos contentos. Los trabajadores mantienen el número de días de descanso, pero éstos se ordenan de forma más eficiente para la productividad. Para el tecnócrata, se cumple el óptimo de Pareto: cambio marginal de tal manera que alguien mejora su situación y nadie la empeora. Pero el rational cholo, ese peruano promedio que para tomar decisiones ha asimilado la fragilidad de las instituciones en su vida cotidiana, ha construido un sistema social informal a punta de óptimos paretianos que han pasado debajo del radar de los diseñadores de políticas. El rational cholo negocia en los márgenes la anulación de la sanción con un Estado habituado a la situación de bajo control a cambio de desprotección social. Así tenemos, la postergación de la implementación de normas (por ejemplo, Reinfo), la suspensión de multas (por ejemplo, amnistías tributarias municipales o de papeletas por infracciones de tránsito), la perpetuación de la transitoriedad (por ejemplo, autorizaciones de funcionamiento con licencias “en trámite”), etc. La informalidad, en el Perú, no es cultural; es absolutamente racional.
El rational cholo es, curiosamente, el sujeto histórico del primer cuarto del siglo XXI peruano. No porta el liberalismo popular que soñaron nuestros liberales criollos ni mucho menos las bases de un nuevo orden social que prometieron los ideólogos del “momento constituyente” (sic). El cuento de una socialdemocracia en este contexto es una estafa intelectual. Nada más anacrónico que el republicanismo nostálgico. Estamos ante un actor social sin ideólogos, sin una élite política que le proponga un horizonte. Por ello, tienen razón quienes sostienen que estamos ante un sector sin representación política. El segundo fujimorismo tiene la oportunidad de ofrecer políticas para esta mayoría y, sobre todo, de una narrativa política que vaya más allá de clichés como el de “economía social de mercado”. Estamos ante algo distinto que escapa a los conceptos habituales de “neoliberalismo”, “capitalismo salvaje” o “subdesarrollo”. Estamos ante un futuro sin promesas, uno que se hace al andar. ¿Podrá el gobierno de Keiko Fujimori indicar el camino?
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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