La confirmación de la visita del papa al Perú ha despertado un entusiasmo generalizado y los primeros cálculos ya estiman que la llegada de León XIV podría atraer 50% más visitantes que la de Francisco, cifras que para la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) “bendecirán” a nuestra economía. Pero antes del milagro papal necesitamos otro, más terrenal: acabar con las mafias que controlan Machu Picchu, antes de que el primer papa con DNI peruano llegue a verla.
Las mafias no trabajan a escondidas; se aprovechan de un sistema estatal con vacíos diseñados a su medida. La regla de tres horas para pagar reservas en la web oficial se convirtió en la herramienta perfecta para el acaparamiento. Una de las grandes responsables de este desastre fue Betssy Chávez, la exministra de Cultura de Pedro Castillo hoy asilada en México, quien tras ser cómplice no solo del intento de golpe de Estado, sino de la destrucción del turismo en el país, dejó una estela de impunidad institucional. Durante su gestión se afianzaron esquemas opacos que permitieron acaparar miles de boletos diarios. La propia Fiscalía terminó interviniendo la Dirección de Cultura de Cusco por desbalances de siete millones de soles provocados por este negocio: fabricar escasez y cobrar por resolverla.
Las cifras de la Defensoría lo confirman: de 1,12 millones de reservas tramitadas en la plataforma, más de 315 mil —el 28%— fueron canceladas o dejadas caer, superando el 50% de cupos “fantasma” en los circuitos principales. A esto se suma la opaca venta presencial de 1.000 boletos diarios en Aguas Calientes, donde se obliga al turista a acampar dos días o a pagar sobreprecios de hasta S/ 150 a agencias informales. El transporte tiene sus propias irregularidades: Consettur manejó los buses a la ciudadela durante treinta años y, tras vencer su concesión en septiembre pasado, sigue operando sin contrato ni licitación, amparada en vacíos legales que dejan colas e indignación.
Este descontrol destruye la competitividad nacional. Los mayoristas globales prefieren derivar a sus clientes a Colombia, Brasil o México antes que arriesgarse a vender paquetes sin acceso garantizado al monumento. A esto se añade la amenaza constante de la UNESCO de incluir a Machu Picchu en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro, así como las advertencias de New7Wonders sobre el riesgo de perder el título de maravilla del mundo. Las consecuencias son devastadoras: el Perú dejó de recibir casi 20 millones de turistas extranjeros entre 2020 y 2025, perdiendo más de 100 mil millones de soles que no llegaron a hoteles, restaurantes ni guías. En Cusco, el empleo del sector sigue 21% por debajo del de 2019.
El caos se perpetúa porque nadie manda: Cultura cuida la piedra, Turismo el negocio, la municipalidad el transporte y la PCM arbitra cuando el incendio ya prendió. En noviembre tenemos la mejor vitrina internacional en años, pero corremos el riesgo de regalarla al crimen organizado. Si miles de peregrinos y periodistas extranjeros llegan a Cusco y se topan con colas, sobreprecios y reventa, el mundo no recordará el sermón, sino el colapso. El ministro Rogers Valencia, exministro de Cultura y conocedor profundo de este expediente, debe aplicar soluciones inmediatas: boletería con pago instantáneo, licitación transparente del transporte y una autoridad única. Si el Estado no le quita Machu Picchu a las mafias antes de noviembre, serán ellas, y no el papa, quienes reciban al mundo.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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