Por presunto “daño moral, lucro cesante y afectación a su proyecto político”, Vladimir Cerrón ha demandado al Estado Peruano (concretamente, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General del Estado) y exige S/8,6 millones a manera de indemnización. La demanda la presentó su madre, Bertha Rojas –quien acompaña a su hijo en la fórmula presidencial de Perú Libre para las elecciones de abril–, dado que Cerrón se encuentra prófugo desde hace más de dos años.
En concreto, la solicitud del exgobernador de Junín apunta a que ha venido sufriendo “daños irreparables” debido a las sentencias por los casos Aeródromo Wanka y La Oroya, por los que fue condenado en un primer momento, pero que logró anular en instancias superiores. Sin embargo, continúa en la clandestinidad porque sobre él todavía pesa una orden de prisión preventiva dictada por una investigación por lavado de activos en el interior de Perú Libre. Por ello, el Ministerio del Interior ofrece S/500 mil por información que contribuya a su captura (aunque pareciera que en la policía se hace poco o nada por dar con su paradero).
Pese a que todos los expertos consultados por este Diario consideran muy improbable que la demanda de Cerrón prospere, lo suyo no deja de ser una afrenta –otra más– al Estado Peruano. No olvidemos que, aunque se encuentra prófugo, Cerrón no ha cesado sus actividades políticas. Ha continuado utilizando sus redes sociales para burlarse de sus perseguidores, atacar a la prensa que informa sobre él y participar en actividades proselitistas con total desparpajo. La semana pasada, sin ir muy lejos, intervino vía Zoom en la presentación de los candidatos de Perú Libre por Loreto y en una actividad realizada por el congresista Segundo Montalvo en Puente Piedra, donde incluso anunció a sus seguidores que pronto los verá “de manera personal”. La clandestinidad, por lo que se ve, no ha sido un obstáculo para su proyecto político.
Si hablamos de daños y perjuicios, es Cerrón el que está en deuda con el país. No solo por el dinero gastado en las investigaciones en su contra y en su búsqueda, sino por su responsabilidad –que ahora groseramente niega– en haber llevado al poder a dos de los peores presidentes que hemos tenido en la historia reciente, y a una bancada integrada, entre otros, por mochasueldos, investigados por tráfico de influencias y hasta un sentenciado por afiliación terrorista.
La desfachatez, sin embargo, no tiene límites. Pero ojalá que sí tenga consecuencias electorales el próximo abril.
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