Siempre es fácil criticar sin proponer soluciones factibles. Pese a algunos avances, aún tenemos 22.776 operaciones mineras protegidas por el registro de formalización y 2.328 plantas registradas en el Reinfo, y 174 de las 357 registradas formalmente con licencia del registro que tratan minerales de terceros.
¿Cómo tomar medidas para proteger a las personas que laboran en estas operaciones y proteger al país de los daños ambientales que están perpetuándose? ¿Cómo poder tenerlas trabajando hacia una real formalización hacia fin de año, cuando el Reinfo debe cerrarse?
Todos entendemos que de estas operaciones depende mucha gente que necesita estos salarios para sobrevivir. Por ello debemos proponer mecanismos que promuevan avances para mejorar sus operaciones, de tal manera que no pongan en peligro a las personas y el medio ambiente. La represión no es la solución. Tenemos que plantear mecanismos que hagan que se pongan a trabajar en adecuarse a la ley. Hoy la única solución que ven estos mineros es manifestarse para la prolongación del Reinfo y no se trabaja en mejorar las condiciones de sus operaciones para formalizarse.
Hay dos estándares mínimos que podríamos exigir a operaciones mineras y plantas que tengan intenciones de formalizarse.
El primero: el cumplimiento del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafom), que todos los inscritos en el Reinfo han presentado a la autoridad. Este instrumento ambiental es auditable y es un compromiso que los mineros adquieren como requisito del Reinfo.
El segundo: el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería del D.S. 024-2016-EM y modificaciones.
¿Cómo fiscalizar eso de forma rápida y darles tiempo a las operaciones a adecuarse?
En el caso del Igafom, la mejor forma es que los Reinfo contraten a la OEFA o al Capítulo de Minas o del Ambiente del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), o a cualquier otra institución de prestigio y sin fines de lucro. Estas operaciones generan márgenes que pueden cubrir el costo de esta auditoría en las que se detallen las brechas para cumplir con el Igafom.
En el caso del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, sería ideal que contraten al Instituto de Seguridad Minera (ISEM), una institución creada por las empresas mineras formales para reducir los accidentes y promover las mejores prácticas de la industria en seguridad y salud ocupacional; si no es el ISEM, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. También puede ser el Capítulo de Minas del CIP. Lo importante es que sean instituciones sin fines de lucro que puedan convocar a los mejores profesionales en la industria minera para hacer el trabajo. La idea es que enumeren las no conformidades con estos estándares y que presenten planes auditables para levantar estos no cumplimientos antes de fin de año.
Creo que la mayoría de los Reinfo pueden solventar estas auditorías; para minas artesanales (menos de 25 toneladas diarias de producción), que prueben la necesidad, se puede otorgar un préstamo que se pague con un porcentaje de las ventas de mineral a las plantas. Las plantas incluso podrían hacer el préstamo.
Mineros y plantas deberían comprometerse a cubrir estas deficiencias operativas con un 10% de sus ventas y reportar, sustentado con documentos, el avance del cierre de brechas trimestralmente.
Lo importante es que los esfuerzos se concentren en mejorar las condiciones laborales y ambientales mínimas requeridas, y no en protestas y gestiones en el Parlamento para mantener un régimen que daña a las personas y al ambiente.
En este caso es indispensable que el gobierno de transición actúe y no le deje la tarea al próximo gobierno. La solución no puede esperar.
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