Tras aprobarse el octavo retiro de los fondos administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones, el Congreso ha reactivado el debate para una nueva liberación de aportes. En lo que va del año, ya se han presentado cinco proyectos de ley que plantean autorizar un noveno retiro de hasta 4 UIT de los ahorros previsionales. Las propuestas se sostienen en una serie de argumentos recurrentes: aliviar el costo de vida, contrarrestar la desaceleración económica, hacer frente a la precarización laboral y frenar el avance de la pobreza y la inseguridad alimentaria.
Del grupo de propuestas, tres ingresaron en febrero, impulsadas por los congresistas Américo Gonza de Perú Libre, Jhaec Darwin Espinoza de Podemos Perú y Alfredo Pariona de la Bancada Socialista. A estas se sumó, en marzo, la iniciativa de Miguel Ángel Ciccia Vásquez de Renovación Popular, y recientemente, el 30 de abril, Guido Bellido de Podemos Perú, presentó el quinto proyecto.
Sin embargo, el contexto macroeconómico ya no es el mismo. A abril, la inflación interanual se ubicó en 4,01%, mientras que la pobreza monetaria descendió a 25,7%: 1,9 puntos porcentuales menos que en 2024, aunque aún 5,5 puntos por encima del nivel prepandemia de 2019. Con este escenario, ¿realmente hay argumentos para un noveno retiro?
Para Noelia Bernal, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico, el sistema previsional ha perdido su esencia. Lejos de garantizar protección en la vejez, se ha ido transformando en un mecanismo de liquidez de corto plazo. “Lo que antes era un ahorro para la jubilación hoy funciona como un fondo disponible en uno o dos años. En la práctica, ha dejado de ser un sistema de pensiones”, advierte.
A esta distorsión se suma un riesgo adicional: el frente fiscal. La reciente reforma garantiza el acceso a una pensión mínima incluso para quienes retiren sus fondos, lo que traslada la carga al Estado. “Es una tremenda irresponsabilidad. Se le dice al afiliado: sigue retirando, que la pensión mínima te la pago yo. Eso implica un riesgo fiscal enorme”, cuestiona David Tuesta, presidente del Consejo Privado de la Competitividad y exministro de Economía.
Impacto a la economía
Aunque en el corto plazo, el impacto sobre el consumo sería visible, también será limitado. Según, Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y catedrático de la London School of Economics, el efecto positivo existe, pero está acotado debido a que los retiros alcanzan solo a cerca del 10% de la población económicamente activa. El desembolso gradual, además, diluye el estímulo a lo largo de varios meses y concentra la mayor demanda en hogares urbanos formales. “No es un impulso macroeconómico de gran magnitud, aunque ese segmento tiene una alta propensión a consumir”, precisa.
En la misma línea, Tuesta estima que el impacto sobre el PBI podría rondar el 0,5%, tomando como referencia episodios anteriores. No obstante, coincide en que los costos más relevantes se manifestarán en el largo plazo, especialmente en términos de sostenibilidad del sistema previsional.
Un escenario inflacionario más exigente
Actualmente, la economía peruana enfrenta presiones inflacionarias, impulsadas en gran medida por el encarecimiento del transporte. En Lima Metropolitana, la inflación interanual alcanzó el 4,01% a abril, lo que nos lleva a preguntarnos si mayor dinero a disposición permitirá mantener la inflación controlada.
Si bien el Banco Central de Reserva del Perú atribuye este repunte a choques de oferta puntuales, la persistencia de la inflación por encima del 4% reduce el margen para introducir nuevos estímulos de demanda. A ello se suman factores de riesgo como la depreciación del tipo de cambio —superior al 3% en la segunda mitad de abril— y la incertidumbre electoral.
En este contexto, advierte Castilla, un noveno retiro, “incluso si se ejecuta de manera gradual, añadiría presión sobre una economía ya tensionada y dificultaría la convergencia de la inflación hacia el rango meta proyectado por el banco central para el cierre del año”, expresó.
Medidas de reforma en el sistema previsional
No olvidemos que para setiembre de este año, se espera la implementación del libre traspaso entre la ONP y las AFP. De acuerdo a Bernal, una nueva ronda de retiros podría distorsionar los incentivos, alentando a los afiliados a migrar hacia la AFP tras haber vaciado sus cuentas individuales, lo que tensionaría aún más la viabilidad del sistema, explica Bernal.
Para Castilla, esto evidencia una contradicción de política económica de primer orden: “Un noveno retiro dejaría a muchos afiliados con saldo cero o mínimo, vaciando de contenido el traslado de AFP a ONP justo cuando la reforma busca fortalecer la cobertura y sostenibilidad del sistema público. La propia ley partía de la premisa de restringir la libre disponibilidad de los fondos”.
El escenario tras el octavo retiro
Luego que el Congreso apruebe un octavo retiro, en septiembre del 2025, la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS) informó que 3,1 millones de trabajadores solicitaron el desembolso de sus ahorros, provocando una salida de S/17.900 millones al cierre del año pasado.
Dicho retiro representó 20% a comparación del séptimo retiro y esto se debe al agotamiento de los fondos. De acuerdo a Sergio Espinoza, superintendente de la SBS “hay cuentas que ya no tienen dinero, entonces ya no hay de dónde retirar”, comentó a El Comercio en una entrevista de febrero de este año.
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