La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia presentada contra el ex primer ministro Alberto Otárola por la contratación de su amiga en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
Se trata de la Denuncia Constitucional 520, formulada por el entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, quien acusó al exfuncionario de la expresidenta Dina Boluarte de ser instigador del presunto delito de colusión simple y agravada.
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El informe final que recomendaba archivar la denuncia contra Otárola Peñaranda obtuvo 9 votos a favor, 2 votos en contra y cero abstenciones. La acusación se sustentaba en informes periodísticos y otros elementos probatorios.
Específicamente, según la denuncia, Otárola habría concertado ilícitamente con dos directivos de Devida para que Rosa Rivera Bermeo, persona de su entorno cercano, sea favorecida irregularmente con dos órdenes de servicio en esa entidad.
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El informe concluyó que no se puede acreditar fehacientemente la supuesta instigación del delito y, además, el Ministerio Público no ha presentado evidencia adicional al respecto. Además, se concluyó que no se acreditó vinculación directa con la trabajadora.
La subcomisión también declaró improcedentes nueve denuncias. El primero corresponde a la Denuncia Constitucional 601, formulada por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por el delito de nombramiento ilegal.
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A dicho funcionario se le acusó de haber nombrado de forma ilegal a María del Carmen Olórtegui Risco como jefa en la oficina defensorial en La Libertad por no contar con experiencia calificada exigida por la ley. El informe propuso que la denuncia sea declarada improcedente y se aprobó por unanimidad (11 votos).
El segundo corresponde a la Denuncia Constitucional 620, formulada por Espinoza Valenzuela contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Jorge Prado, Juan Silva Villegas y Betssy Chávez, y 24 congresistas de diversas bancadas.
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A Castillo Terrones se le acusó de haber liderado una organización criminal, la misma que habría tenido anexos, entre ellos, un “brazo congresal”. El informe rechazaba el término de organización criminal y recomendaba admitir a trámite, por procedente, en ciertos extremos a Castillo Terrones, los ministros de Estado y tan solo a 10 congresistas.
Sobre el tema, el congresista Elvis Vergara (Acción Popular) solicitó el archivamiento de todo el expediente. El pedido fue aprobado por mayoría: 7 votos a favor, 1 voto en contra y cero abstenciones.
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El tercer informe corresponde a la Denuncia Constitucional 642, formulada por Delia Espinoza contra la fiscal suprema Patricia Benavides por la posible comisión de los delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal.
El informe recomendó declarar improcedente el caso y fue aprobado por mayoría: 9 votos a favor, 1 voto en contra y cero abstenciones.
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El cuarto informe corresponde a la Denuncia Constitucional 688, formulada por la ciudadana Zaira Arias contra el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, por presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de difamación, discriminación, abuso de autoridad y omisión de actos funcionales.
Se le acusó de haber omitido el ejercicio de sus funciones al no haber dispuesto que la ciudadana asuma el cargo dejado libre por el congresista Guillermo Bermejo al haber sido condenado por el delito de terrorismo. Se declaró improcedente en todos sus extremos y se aprobó por mayoría: 9 votos a favor, 1 voto en contra y cero abstenciones.
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El quinto corresponde a la Denuncia Constitucional 695, formulada por la congresista Ruth Luque contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por supuestamente incurrir en diversas irregularidades, como por ejemplo en la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Se aprobó por unanimidad: 9 votos.
El sexto corresponde a la Denuncia Constitucional 696, formulada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, contra la congresista Elizabeth Medina (Somos Perú) por la posible comisión del delito de cohecho pasivo impropio.
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Se le acusó de que el conviviente de la congresista solicitó a un alcalde distrital de Molino el 6 % de un proyecto de inversión pública. Se recomendó su improcedencia. Fue aprobado por unanimidad: 10 votos.
El séptimo corresponde a la Denuncia Constitucional 697, formulada por Gálvez Villegas, contra el congresista Luis Cordero Jon Tay (Alianza para el Progreso) por la posible comisión del delito de concusión.
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Se le acusó de haber recortado la remuneración de uno de sus colaboradores en varias oportunidades a través de un intermediario. El informe recomendó su improcedencia y fue aprobado por unanimidad (8 votos).
El octavo corresponde a la Denuncia Constitucional 708 formulada por el ciudadano Félix Ochatoma Paravicino contra el congresista Carlos Zeballos (Bloque Democrático Popular), por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y falsedad genérica.
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Se le acusó de haber insertado datos falsos en documentos oficiales en la Universidad Andina Néstor Cáceres Veláquez. Fue aprobado por unanimidad: 10 votos.
El último corresponde a la Denuncia Constitucional 712, formulada por el congresista Héctor Acuña (Honor y Democracia) contra los exministros de Vivienda Francisco Whittembury y Alejandro Sifuentes, ambos por presunta infracción constitucional, así como la presunta comisión de los delitos de función de nombramiento ilegal de cargo y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
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Se les acusó de tener responsabilidad en el irregular nombramiento como presidente del directorio de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib S.A.) a Eduardo Sánchez Romero. Se recomendó su improcedencia y fue aprobado por unanimidad: 10 votos.
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