En el discurso inaugural de su mandato, la presidenta Keiko Fujimori señaló que su meta principal es “cerrar el enorme déficit social que afecta a millones de peruanos”. La prioridad otorgada a la agenda de desarrollo social es positiva y urgente. El Perú aún no recupera los niveles de pobreza previos a la pandemia, estando rezagado en América Latina (Banco Mundial, 2025). Asimismo, persisten brechas sociales y territoriales que limitan el acceso a oportunidades de cerca de 9 millones de ciudadanos en pobreza monetaria y 11 millones en condición de vulnerabilidad (INEI, 2026).
La mejora de la calidad de vida se presentó como segundo objetivo nacional y se anunció la reorganización de programas sociales bajo un enfoque de ciclo de vida. Destaca la atención brindada a tres grupos poblacionales cuyas problemáticas no han recibido suficiente prioridad pública: adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Las políticas sociales deben responder a la nueva realidad demográfica del país. A partir del 2040, la población de 60 a más años superaría a la población menor a 15 años (INEI, 2025). La ventana de acción para aprovechar el bono demográfico y fortalecer el capital humano de la juventud se cerrará pronto.
El nuevo gobierno recibe un aparato público deteriorado, una tecnocracia social debilitada y limitaciones fiscales agravadas por las leyes populistas aprobadas por el saliente Congreso, del cual el partido de gobierno fue parte importante. En materia de lucha contra la pobreza e inclusión social, el Estado Peruano cuenta con experiencia acumulada, con aciertos, errores y notorias omisiones (por ejemplo, emergencias climáticas, pobreza urbana o la Amazonía). ¿Qué podemos aprender del camino recorrido?
Primero, el complejo de Adán es un problema recurrente en la administración pública peruana. El nuevo gobierno tiene la oportunidad de romper con este círculo vicioso planteando reformas con cable a tierra que construyan sobre lo avanzado en desarrollo e inclusión social. Esto será clave para lograr resultados en temas críticos, como la focalización de hogares o la mejora de la efectividad e impacto de los programas sociales.
Segundo, la salida sostenible de la pobreza requiere autonomía económica y acceso a mejores servicios públicos (salud, educación). Más allá de ‘bonificar’ las respuestas de política social (entrega de bonos sin objetivos claros), se requiere generar puentes sostenibles entre las intervenciones de alivio a la pobreza (por ejemplo, asistencia alimentaria) y la generación de oportunidades económicas (capacitación para el trabajo, intermediación laboral, servicios de cuidado). Los esfuerzos de las ollas comunes para lograr sostenibilidad económica a través de emprendimientos (panaderías, restaurantes) constituyen oportunidades de innovación para la política social.
Tercero, es indispensable garantizar transparencia y reforzar los mecanismos de vigilancia ciudadana para evitar el uso político de los programas sociales. La corrupción ha afectado a programas emblemáticos, desde el Pronaa hasta Qali Warma. Asimismo, ofrecimientos de ampliaciones de cobertura sin sustento presupuestal ni claridad técnica han puesto en riesgo la sostenibilidad de las becas brindadas por Pronabec.
La agenda de superación de la pobreza tiene el potencial de generar consensos y promover canales de cooperación entre diferentes sectores políticos y sociales. La clase política –oficialismo y oposición– debe recordar que cada día cuenta en la lucha contra la pobreza. La factura de la inacción la pagan los ciudadanos más vulnerables.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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