El primer libro de Adam Smith no fue sobre economía, sino de ética. En “La teoría de los sentimientos morales”, escribió: “No es ciudadano quien no aspira a promover, por todos los medios a su alcance, el bienestar del conjunto de la sociedad, de sus conciudadanos”. Hoy, cuando 14 millones de peruanos pasan hambre, la pregunta es ineludible: ¿qué papel debemos asumir como líderes ciudadanos?
En un país donde las decisiones públicas marcan el rumbo del desarrollo, el sector privado no puede limitarse a ser un espectador. Su papel como actor político es crucial porque concentra recursos, conocimiento y capacidad de innovación que impactan directamente en la vida de millones. Pero, sobre todo, porque los líderes empresariales tienen una visión de desarrollo a largo plazo. Quienes hacen empresa no invierten para quedarse solo cinco años.
Cuando las empresas se involucran en el debate nacional, no solo defienden sus intereses, sino que contribuyen a delinear políticas más realistas y sostenibles. La ausencia del sector privado en la arena política deja un vacío que suele llenarse con discursos ideológicos desconectados de la economía real, debilitando la posibilidad de construir consensos que impulsen crecimiento y bienestar.
En “La riqueza de las naciones”, Smith sostiene que el libre mercado operaría aumentando el bienestar de los más pobres, mientras cuestionaba furiosamente al mercantilismo de grupos de poder económico que conspiraban contra el bien público. Nótese la diferencia: el libre mercado y el capitalismo son contrarios al mercantilismo, la captura de rentas y la corrupción. Porque detrás de hacer empresa está la visión de construir una mejor sociedad mejorando la vida de los menos favorecidos.
No podemos negar que el sector privado es un actor político. Lo es. Porque no solo financia campañas, sino que influye sobre decisiones regulatorias y tiene acceso privilegiado al poder político. También porque, frente al colapso progresivo del Estado, muchas empresas han empezado a reemplazarlo parcialmente. Obras por impuestos es el ejemplo más evidente: carreteras, colegios, hospitales y sistemas de saneamiento ejecutados directamente por privados porque el Estado no logra hacerlo con eficiencia.
No se puede reemplazar parcialmente al Estado y al mismo tiempo actuar como si todo lo público fuera responsabilidad exclusiva “de los políticos”. Mucho menos cuando buena parte del sector privado tiene más credibilidad, capacidad técnica, influencia y recursos que casi cualquier institución pública.
La responsabilidad social empresarial ya no alcanza porque el deterioro del país es real. Pero seguimos discutiendo sobre candidatos como si el problema central solo fuera quién gana. No lo es. El verdadero problema es que tenemos una crisis estructural mientras casi todos los actores con capacidad real de influencia miran hacia otro lado. La gran excusa del momento es que Sánchez destruirá el país. Pero no basta decir “el otro es menos malo” porque llevamos 20 años repitiendo lo mismo sin cambiar la realidad de la mayoría de los peruanos.
El sector privado peruano –gremios, empresarios, directorios, líderes de opinión– puede usar todo su peso político para obligar a ambos candidatos a responder preguntas concretas: ¿cómo van a enfrentar a las economías ilegales? ¿Cómo van a recuperar la capacidad estatal? ¿Cómo van a financiar la salud, educación y seguridad? ¿Cómo van a destrabar la inversión sin seguir destruyendo la institucionalidad? ¿Cómo van a evitar que el Perú siga normalizando el hambre, la precariedad y la violencia? Porque si el sector privado tiene poder suficiente para influir sobre gobiernos, mercados, regulación e infraestructura, entonces tiene responsabilidad sobre el país que emerge de eso.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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