Esta semana, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó un dictamen que amenaza con destruir el sistema de concesiones mineras sobre la base de una premisa falsa y que genera suspicacias por el contexto político en el que ha sido impulsado.
En resumen, la propuesta plantea reducir de 30 a 15 años el plazo para que una concesión minera otorgada por el Estado entre en producción o acredite una inversión antes de que sea revocada. También, introduce un nuevo esquema de cobro que aumenta en función de la extensión de tierras que posea el titular de una concesión (no en función de su producción), de US$3 hasta US$12 por hectárea –para quienes posean más de 100.000 hectáreas–, que parece ideado para castigar a la gran minería. Además de otras disposiciones, como la implementación de mecanismos para que las comunidades participen en beneficios y acciones que, según Cómex, “pueden convertirse en transferencias patrimoniales forzadas”. En suma, como explicó el especialista en temas mineros Iván Arenas, “si se aprueba este texto, se destruiría toda la arquitectura jurídica del Perú” en dicho sector.
Como dijimos antes, el dictamen se erige sobre una premisa falsa: el mito de que grandes compañías mineras mantienen vastas “concesiones ociosas” impidiendo que pequeños mineros puedan explotarlas. La realidad, sin embargo, es que en el Perú lograr que una operación minera entre en funcionamiento puede tomar entre 30 y 40 años, principalmente por la cantidad de permisos (más de 200) que deben tramitarse y por el número de actores que intervienen en dicho proceso. Además, como indica Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, no es verdad que en el Perú la gran minería monopolice las concesiones mineras; la mayoría de estas, de hecho, está en manos de pequeños productores.
Pero mencionamos también que la propuesta preocupa por el momento político en el que viene siendo empujada. Como alertó la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana Gonzales (Avanza País) –que fue la única que votó en contra–, el dictamen guarda extrañas similitudes con el plan de gobierno de Juntos por el Perú, partido al que pertenece el presidente del grupo de trabajo, Víctor Cutipa, lo que revela una instrumentalización de la labor parlamentaria para impulsar temas de campaña.
Finalmente, es innegable que con una fórmula así la Comisión de Energía y Minas del Congreso busca debilitar a la minería formal para beneficiar a los informales, quienes llevan años difundiendo el mito de las “concesiones ociosas” a fin de entrar a yacimientos concesionados. No olvidemos que es la misma comisión que aprobó la prórroga del Reinfo hasta el 2027 y que ha demostrado en tantas ocasiones estar del lado de la informalidad.
Veremos si el pleno del Congreso también se pone del lado de ellos.
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