Nuevamente, el país se mira al espejo y se reconoce en un déjà vu que lo sitúa de regreso a la encrucijada del 2021. Los resultados electorales, que aún siguen sin una definición oficial sobre qué candidatos pasarán a segunda vuelta, no son otra cosa que el reflejo de un país que sigue fracturado, pero no por una división territorial, sino por una incapacidad crónica de nuestra clase política para comprender una realidad evidente: no existe un solo Perú. Lo que existe es una sumatoria de múltiples realidades, necesidades y frustraciones que hoy no hallan un punto de encuentro ni una visión de país compartida.
Desde el liderazgo empresarial, observamos con profunda preocupación cómo la lectura política se queda en la superficie. Seguimos cayendo en el error de señalar áreas geográficas del país como culpables, como si el voto fuera un acto de rebeldía sin causa, cuando en realidad es el síntoma de un sistema que no ha sabido integrar a sus ciudadanos en un modelo económico que todos sientan como propio. El problema no es el votante; el problema es la ausencia del Estado que, lejos de ser un facilitador, es hoy un espectador lejano en gran parte del territorio nacional.
Las cifras son implacables y duelen. Mientras Lima, con todo y sus deficiencias, mantiene ciertos niveles de servicios, la ausencia del Estado en las regiones es una herida abierta. Por ejemplo, según datos oficiales, mientras en la capital el acceso a redes públicas de agua y saneamiento supera el 90%, en regiones como Loreto o Puno, este derecho básico no alcanza siquiera al 60% en sus zonas rurales. ¿Cómo podemos pedirle a un ciudadano que crea en un modelo país cuando el Estado no es capaz de garantizarle agua potable o una posta médica equipada? Esa ausencia es la que hoy se traduce en desconfianza y fragmentación electoral.
Nos hemos acostumbrado a creer que somos un país unido porque celebramos un gol de la selección o porque nos enorgullece nuestra gastronomía. Pero seamos reflexivos: el fútbol y la culinaria son elementos unificadores superficiales. No podemos construir una nación sobre la base de un sentimiento que dura 90 minutos o lo que tarda un plato en la mesa. Una visión unitaria de país requiere cimientos mucho más profundos; requiere un acuerdo sobre qué modelo de desarrollo queremos y cómo vamos a cerrar esas brechas sociales que el centralismo se empeña en ignorar.
Mi posición es de firme respaldo a la Economía Social de Mercado; pues es el modelo que ha permitido que nuestro PBI crezca de manera sostenida, pasando de aproximadamente US$ 34,000 millones en 1993 a un estimado de poco más de US$ 300,000 millones hacia el 2025. No obstante, debemos reconocer que la deuda de este modelo ha sido no haber generado un desarrollo económico tangible, sobre todo en nuestras regiones. Por ello, es imperativo continuar con el modelo vigente, pero dotándolo de una visión común que facilite un desarrollo sostenible y descentralizado, de manera que la Economía Social de Mercado no se quede solo en la mejora de los indicadores macroeconómicos, sino que mejore la calidad de vida de toda la población.
En ese sentido, es momento de cuestionar seriamente el proceso de regionalización iniciado en el 2002. Han pasado más de dos décadas y el balance es decepcionante. Tenemos una regionalización fallida que no ha generado desarrollo social ni productivo. Por un lado, un centralismo que no suelta el poder real, y por otro, gobiernos regionales que, en su gran mayoría, han puesto muy poco esfuerzo en generar condiciones para la inversión y la producción en sus circunscripciones, limitándose muchas veces a la gestión del cemento sin impacto social. Es imperativo pensar en un nuevo modelo de regionalización, dado que el vigente no le sirve al país ni a su gente.
Para construir esta visión país que tanto nos falta, necesitamos herramientas institucionales que funcionen. El Acuerdo Nacional, tal como lo conocemos hoy, ha perdido trascendencia. Necesitamos reestructurarlo de raíz: hay que quitarle su dependencia del poder político de turno, dotar a sus decisiones de una fuerza vinculante real y, sobre todo, revisar su composición. Las regiones deben estar debidamente representadas por sus fuerzas productivas y sociales, y aquellas instituciones que ya no representan a nadie deben dar un paso al costado.
La crisis política que hoy nos envuelve es, en el fondo, una crisis de identidad y de propósito. No sabemos a dónde vamos porque no nos hemos sentado a definirlo. Por ello, hago un llamado a la reflexión profunda, más allá de quiénes pasen a la segunda vuelta electoral. Es la hora de juntarnos —empresa, sociedad civil y lo que quede de institucionalidad— para definir una visión de país de largo plazo. Debemos decidir, de una vez por todas, qué modelo de desarrollo queremos para que cada peruano, sin importar dónde haya nacido, sienta que el progreso no es una promesa ajena, sino una realidad palpable. El Perú no puede seguir esperando.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Deja una respuesta