En los últimos días diversos analistas han expresado sus temores respecto a los contendores de la segunda vuelta electoral. Añado algunas impresiones.
En cuanto a Keiko Fujimori, para empezar, está el legado político de su padre. Si bien las responsabilidades de este no son las de ella, ha mantenido una relación muy ambigua con ese legado. Intentó entre el 2011 y 2016, por ejemplo, marcar diferencia en algunos aspectos (corrupción, violaciones a los derechos humanos, autoritarismo), llegando a distanciarse incluso de pedidos de indulto de su padre; pero con la enfermedad y agonía de este, y en la última campaña electoral, nuevamente ha seguido la estrategia de reivindicar el legado de la década de los noventa.
Los temores que evoca esa herencia se afianzan por la conducta de su representación parlamentaria reciente: se promueve la amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía procesados y sentenciados (adultos mayores) por su actuación en la lucha contra el terrorismo, aunque estén en juego graves violaciones a los derechos humanos. También se imponen desde el Congreso nombramientos de altos funcionarios con la fuerza de los votos, pasando por alto los procedimientos meritocráticos y transparentes. Se impone la inhabilitación política de exfiscales y la destitución de miembros de la Junta Nacional de Justicia, decisiones marcadas por la arbitrariedad. O se aprueban medidas que, en nombre de la defensa del debido proceso, terminan debilitando los esfuerzos de la lucha contra la corrupción y la criminalidad, como con las leyes llamadas “procrimen”.
A esta lista habría que añadir temores referidos al populismo económico. Si bien el fujimorismo, tradicionalmente, estaba identificado con la defensa de la ortodoxia neoliberal, también esto cambió en el tiempo reciente. El Congreso saliente está socavando las bases de nuestro equilibrio fiscal, como reiteradamente ha denunciado el Consejo Fiscal. Además, Fuerza Popular ha apoyado demandas de sectores informales que se resisten a procesos de formalización. En suma, el temor es que con un gobierno de Keiko Fujimori tengamos una reedición ampliada de lo que hemos visto en los últimos tres años, con Boluarte, Jerí o Balcázar, pero con un Ejecutivo activista.
El temor respecto a Roberto Sánchez es tener una reedición aún más desmejorada del gobierno de Pedro Castillo, y también en parte de la dinámica del Congreso 2023-2026. Con Castillo se inició un claro debilitamiento de la administración pública, con nombramientos signados por una lógica de patronazgo, lo que generó recurrentes crisis, altos niveles de inestabilidad y marcado deterioro en las políticas públicas (Castillo tuvo 79 ministros en los 16 meses de gestión, con un cambio cada cinco o seis días en promedio). Peor aún, la capacidad de convocatoria de Sánchez es más reducida que la de Castillo, porque cuenta con menor respaldo que el que tuvo este, por su política de alianzas en el proceso de construcción de su partido (recordar la presencia de Antauro Humala y diversos sectores vinculados a actividades informales), y porque no ha tenido ningún gesto de autocrítica respecto a la gestión de Castillo. Al mismo tiempo, Sánchez ha sido parte de la mayoría de las iniciativas populistas del Congreso, y ni qué decir de los temores que despiertan iniciativas que ponen en riesgo la dinámica de crecimiento económico.
Ciertamente no son riesgos simétricos, pero están muy justificados en los dos casos. Seguiremos con el tema.
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